En menos de una semana, alrededor de 40 bajas por instalación. Es decir, 160 plazas libres de las 1.435 disponibles en los cuatro puertos gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) en la provincia de Huelva. De casi auténtica desbandada podría calificarse el abandono que han protagonizado los propietarios de embarcaciones de recreo después de que la Junta de Andalucía haya eliminado las bonificaciones que desde hace décadas se aplicaban a las tarifas de los atraques. Descuentos del 30% que se aplicaron en su día para captar una cartera de clientes: "Había muchas plazas vacantes y se incentivó la ocupación para evitar el caos", aseguraron a este periódico desde la APPA.

La situación cambió con el paso de los años y en 2007 se aprobó la Ley de Régimen Jurídico de Puertos de Andalucía, con la que se pretendió "corregir" el desfase de las tasas con los precios de mercado. Según se sostiene desde la APPA, "se estaba cobrando muy por debajo y entonces se vio que no era oportuno". Pero han pasado cuatro años hasta que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda publicara el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales y de las tasas de los puertos de Andalucía. Texto que se hizo público el pasado 31 de diciembre y que está en vigor desde el día 1 de enero de este año.

Un decreto que en definitiva ha supuesto un incremento de entre el 20 y el 30% de las tasas y que ha provocado que desde entonces, según ha podido saber este periódico, una media de unos 40 usuarios ya hayan retirado sus embarcaciones de cada uno de los cuatro principales puertos de este tipo ubicados en el litoral onubense: Mazagón, Punta Umbría, Isla Cristina y Ayamonte.

El motivo está claro, la subida de los costes por atraque, ya que por los mismos servicios que el año pasado se pagaban unos 1.800 euros, este año tendrán que abonarse algo más de 2.400.

Algunas fuentes relacionadas con el sector han achacado parte de esta "fuga masiva" de usuarios, además de al incremento de las tasas, a las "impresionantes ofertas económicas" que últimamente han venido promocionando algunos puertos también públicos, pero concesionados a empresas privadas y por tanto de gestión indirecta, como es el caso, entre otros, de los puertos de Marina El Rompido, Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría o Isla Canela, algunos de los cuales, según las mismas fuentes, se encontraban al borde de la quiebra.

En defensa de la subida de tasas llevada a cabo por la APPA, las mismas fuentes señalan que responde a que en los últimos años se han realizado grandes inversiones de dinero público al objeto de mejorar, modernizar y dotar de una mayor seguridad a este tipo de infraestructuras, lo cual se ha traducido en mejores servicios y ha repercutido en el coste final por su uso.

Además es la primera vez que en 20 años que se cobrará el agua y la electricidad consumidas por los usuarios, así como por la eslora real de cada embarcación atracada. Por otra parte, añaden, también hay que tener en cuenta que en este tipo de puertos no hay que pagar derechos de inscripción como sucede en los clubes náuticos privados. Y otra salvedad: hasta ahora, a los atraques en tránsito se les aplicaba el coste íntegro de las tasas, sin bonificación alguna y también el de los servicios de agua y luz, por lo que, según argumentan, era lógico que esta situación se cambiase.

Esta misma situación se está dando igualmente en todo el litoral andaluz, de cuyos puertos públicos deportivos dependientes directamente de la APPA también se están retirando muchas embarcaciones de recreo por parte de sus propietarios. El caso de Cádiz, el asunto es bastante más espinoso, ya que las embarcaciones se encuentran en una situación cautiva al no contar en dicha provincia con otras alternativas, a diferencia de lo que sucede en Huelva, donde los propietarios pueden optar por un club privado.