Desarrollar una actividad sin tener licencia para ello, tener trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social o recepcionar piezas sin exigir, al menos, las garantías que marca la ley. Son diferentes caras de la economía sumergida que con la crisis se ha disparado en la provincia (un 25,5% en el último año según los Técnicos de Economía y Hacienda) y que tan sólo en el sector de la automoción se ha constatado con la existencia de, al menos, setenta negocios ilegales, que mueven una buena parte de los más de 2.800 millones que se calcula que ponen en circulación las actividades ilegales en nuestra provincia. Actividad ilegal que impide, entre otras muchas cosas, que se afiancen los puestos de trabajo existentes (5.500 directos) y se creen alrededor de 300 más.

Es el primer balance que ha realizado el sector a través de la Asociación Provincial de Empresarios de Comercio y Servicio de Automoción de Huelva (Comseauto) y la Asociación Provincial de Empresas Concesionarias de Vehículos Turismos de Huelva (Concetur) después de haber presentado más de 200 denuncias por las actividades ilegales de las que se tiene conocimiento tanto en Huelva como en la provincia. Todas ellas se han presentado ante los ayuntamientos y las delegaciones provinciales de Economía, Innovación y Ciencia, Medio Ambiente y Empleo de la Junta de Andalucía, así como ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Lo peor, que "no ha habido respuesta", lo que se interpreta desde la patronal como una "posible negligencia".

Ante esta situación, que se califica de "insostenible", los afectados no descartan llegar hasta los tribunales; sobre todo, después de que haya habido empresarios que incluso se hayan planteado "cambiar de bando" ante la imposibilidad de competir con un mercado negro que, en algunas localidades ha llegado a ser más potente que el mercado regular, que, en otros, ha llegado incluso hasta a desaparecer. Hasta el momento, desde la patronal se ha comprobado que las zonas más afectadas por el desarrollo de la actividad ilegal son Almonte, La Palma, Moguer, Aracena y la capital. En todas ellas se han localizado negocios donde se llevaba a cabo tanto la venta como la reparación de vehículos sin licencias ni condiciones para ello, e incluso con el consiguiente perjuicio para la salud y el medio ambiente. Un ejemplo: un local ilegal tira "sin miramientos" el aceite a una alcantarilla, mientras que en un taller legal se impone una multa de 3.000 a 6.000 euros por retrasarse en enviar los contenedores de recogida de aceite. Y es aquí donde los empresarios realizan otro llamamiento: que así como existen inspecciones para los legales, las haya también para los ilegales, un ámbito en el que hasta el momento el control y la vigilancia son "inexistentes".