Avanza en su ruta de trámites el proyecto de la Plaza Mayor porticada que albergará el solar del viejo mercado de abastos y sus aledaños. Los mandatarios del PP en el Ayuntamiento de Huelva han programado para este cuatrienio la ejecución de la primera fase de la operación, enquistada desde hace más de una década en el conflicto judicial con los propietarios de las fincas afectadas y, en segunda instancia, por la sequía de la crisis inmobiliaria (el equilibrio financiero de la actuación se supedita a la inclusión de 200 viviendas en el plan, así como oficinas y locales comerciales, aparte del espacio público y aparcamiento bajo rasante). Como ya adelantó Huelva Información, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) asume el objetivo de sacar a licitación dentro de un año los pliegos para contratar la primera tanda de obras, acometiendo lo que compete directamente al Consistorio, esto es, el parking subterráneo y la urbanización de la plaza central. El Consejo de Gestión de la GMU tiene previsto dar mañana un paso crucial para impulsar el procedimiento, con la aprobación inicial del proyecto de reparcelación del llamado Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del desaparecido Mercado del Carmen.

Los servicios técnicos de la Gerencia llevan más de un año trabajando en esta compleja tramitación para reordenar un ámbito de 1,4 hectáreas asignando los aprovechamientos urbanísticos y las cargas correspondientes a los 41 propietarios de las fincas lucrativas resultantes.

Tras varios pulsos judiciales, el Consistorio cambió en 2009 el sistema de actuación para desarrollar este PERI, pasando a gestionarlo por cooperación en lugar de por junta de compensación. En un principio, cuando el plan vio luz verde inicial, el Consistorio optó por un sistema de expropiación de estas fincas urbanas. Los propietarios consiguieron cambiar el modelo de gestión con la intermediación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya sentencia de 2003 fue ratificada en 2008 por el Supremo. Los titulares del suelo querían resolver el asunto constituyendo una junta de compensación (sistema adoptado, por ejemplo, en los planes del Ensanche Sur, Pescadería o Marismas del Odiel), pero el Ayuntamiento lo descartó al no considerarlo operativo al ser una propiedad tan fragmentada, con lo que en 2009 Urbanismo adoptó un sistema de gestión por cooperación. Con esta fórmula, la Administración asume la gestión directa para tratar de agilizar la burocracia y los propietarios aportan el suelo para reparcelarlo y distribuir los beneficios y cargas, asumiendo los costes de urbanización y gestión a través de pago en metálico o mediante aprovechamientos lucrativos.

En cuanto al contencioso que sigue abierto por colisión de criterios e intereses económicos entre los propietarios de las fincas y el Ayuntamiento, hasta la fecha, los gestores municipales han esgrimido -como así han constatado los informes internos de Urbanismo- que estas impugnaciones no son obstáculo legal para que la GMU prosiga con la gestión del plan, al no implicar (al menos todavía) una suspensión cautelar del mismo.