El Polo Químico de la avenida Francisco Montenegro se interna en este siglo consolidando su uso industrial, sin la gran transformación de suelo productivo a urbano que se auguraba tras la firma de los acuerdos del 91 para la recuperación de la avenida y en el Plan General de Ordenación Urbana, por no decir en el imaginario colectivo onubense, dividido en posiciones a favor y en contra. En los últimos meses se han dado varios pasos hacia esa consolidación industrial de la Ría de Huelva, con un nuevo horizonte marcado por la concesión administrativa que el Puerto ha otorgado a Fertinagro Sur para la puesta en marcha de su factoría de fertilizantes especiales: 25 años de duración prorrogables por otros dos periodos de 5 años, es decir, actividad industrial permitida hasta 2035 o 2045 a priori.

La fecha límite de 2023, año en el que finalizaban las antiguas concesiones de la mayoría de las industrias, queda por tanto obsoleta. Hace ya años que los sucesivos presidentes del Puerto de Huelva venían asegurando que las industrias tendrían suelo mientras cumpliesen la legislación y lo necesitasen para su actividad; ahora, la Autoridad Portuaria ha ratificado esa postura al conceder un nuevo alquiler de terrenos para un proyecto que, de ejecutarse, no tiene fecha de caducidad. La mayor parte del tráfico portuario depende de la actividad industrial y la intención de Fertinagro es exportar gran parte de su producción, luego sería un buen cliente de la institución portuaria.

Con esos 25 años encima de la mesa, el Ayuntamiento de Huelva ha sido el siguiente en pronunciarse. El Consistorio liderado por Pedro Rodríguez se encargó de enarbolar la bandera de los acuerdos para la recuperación de la avenida Francisco Montenegro al denegar la licencia de obras a Endesa para la construcción de una central de ciclo combinado en la Punta del Sebo; el pasado miércoles en el Pleno, dos de los grupos municipales, Mesa de la Ría e IU, le reivindicaban que hiciera lo mismo. Ocho años después, con 55.000 parados en la bolsa provincial e ingresos más que disminuidos, además de una sentencia en contra en el caso Endesa, el mismo Ayuntamiento ha emitido un informe favorable en uno de los escasos trámites que podía paralizar la llegada del proyecto de Fertinagro a la avenida, el informe de compatibilidad urbanística de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación. Y remite al final de la concesión administrativa otorgada a Fertinagro para aspirar a la recuperación de los terrenos.

Con su ok, el Ayuntamiento da un espaldarazo al proyecto presentado por el Grupo Térvalis, que prevé la inversión de 10 millones de euros para renovar las instalaciones de la antigua Nilefos y poner en marcha un proyecto de producción principal de nutrientes secundarios y oligoelementos destinados a la nutrición vegetal y animal. En esta factoría se empleará al medio centenar de recolocables de la fábrica extinta, abandonada por su antiguo propietario a su suerte tras fracasar el intento de fabricación de fosfato dicálcico.

No es el único proyecto para la avenida Francisco Montenegro. El cese de los vertidos de fosfoyeso a la marisma, que implicaba la imposibilidad de seguir fabricando ácido fosfórico (materia prima para varias fábricas) ha provocado un plan de inversión en Fertiberia, que remodela su proceso de producción, y el cierre de la factoría de Foret, para la que Térvalis tiene otro proyecto que permitiría su reutilización. Y Atlantic Copper espera una posible ampliación si su matriz, Freeport MacMoran, la ve rentable.

Todos estos proyectos quedaban lejanos hace ocho años, cuando la solicitud de Endesa para sustituir su antigua central térmica por un ciclo combinado abría un cisma en la ciudad, dividida por las manifestaciones de miles de personas a favor y en contra de una central erigida en símbolo del Polo Químico, para el que unos pedían la continuidad y otros su desaparición progresiva en pro de la recuperación de la Ría para el uso ciudadano. Entonces, las posiciones políticas eran distintas: mientras el PSOE se abstuvo inicialmente de pronunciarse sobre la licencia, IU reclamó que no se concediese y el Ayuntamiento, vía informe técnico, decidió no otorgar la licencia de obras.

Entonces, los técnicos municipales consideraban que la central era una instalación nueva y como tal no tenía cabida en un Plan General que recogía en su memoria de ordenación la recuperación de los suelos de la avenida para usos distintos a los industriales una vez finalizase la actividad de los concesionarios. El Ayuntamiento consideraba que la instalación eléctrica contravenía esa prescripción; el resultado de todos conocido fue la victoria de Endesa en los tribunales, que negaron esa contradicción.

El camino recorrido desde entonces es largo: en el año 2004, el alcalde, Pedro Rodríguez, firmaba un Pacto por la Industria para acallar las voces que clamaban contra el Ayuntamiento por alejar a los inversores. Las fábricas hablaban de inseguridad jurídica y la Mesa de la Ría, portavoz de las voces pro recuperación de la avenida, cobraba fuerza. En el proceso de revisión del PGOU se abría de nuevo el debate: los redactores del Plan apostaron por la deslocalización de las industrias a partir de 2023. En el lado autonómico, el sector tampoco recibía más ayuda; era queja común entre los empresarios la falta de apoyo público a unas compañías que aportan el 4,6% del empleo provincial.

Pero las subprime y Lehman Brothers estaban al caer, provocando una crisis económica de consecuencias todavía desconocidas. En ese panorama de crecimiento del desempleo y ante el riesgo de desaparición de varias industrias del Polo, el discurso cambió radicalmente. La Junta de Andalucía fue más rápida, elaborando una Estrategia Industrial (que no ha tenido grandes resultados) y mediando en los conflictos surgidos que empezaban a provocar un reguero de manifestaciones; el Ayuntamiento guardaba silencio. Sólo la campaña de las elecciones municipales ha vuelto a traer esa dicotomía proindustria/prorecuperación al debate político, pero resuelta en el discurso electoral mediante alusiones a la necesaria generación de empleo y con una fuerte apuesta por la recuperación de las balsas de fosfoyeso, vía restauración in situ en el caso socialista y proponiendo la retirada en el caso popular.

En el Pleno del pasado miércoles, el viraje quedaba completo, con un PP y un PSOE por una vez de acuerdo en la postura sobre un proyecto industrial y con el trabajo por bandera. "Esta actuación sería beneficiosa para la creación de empleo en la ciudad", destacó el miércoles el teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Francisco Moro; el viceportavoz socialista, Alejandro Márquez, replicó que "no vamos a echar para atrás inversiones que lleguen a la ciudad. Hay que ser responsables".

La administración local abre así la mano a la puesta en marcha del nuevo proyecto después de años en los que se ha informado favorablemente las concesiones solicitadas en la Punta del Sebo y transversales, pero autorizando los mencionados usos "en precario y limitando el plazo de la concesión de los mismos a cinco años, por entender que otra autorización contradice el espíritu de los planes y normativa vigentes", afirman los técnicos municipales.

Frente a esas concesiones en precario y destacando que la petición de Fertinagro es para reutilizar las antiguas instalaciones de Rhodia y Nilefos (además de la sentencia del caso Endesa) Urbanismo no encuentra argumentos para determinar una incompatibilidad urbanística. Y reclama que antes de la puesta en marcha de la actividad se cumpla con lo establecido por las administraciones para "la descontaminación de los suelos" donde se pretende implantar la actividad. Luz verde por tanto a la llegada de los nuevos inversores a la avenida.

Las industrias de la

avenida Francisco Montenegro,

con Punta Umbría al fondo.