España

La ley 'mordaza' ya está aquí

  • La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que entra mañana en vigor trae del brazo nuevas multas

Impedir un desahucio, alterar gravemente el orden público en las proximidades del Congreso, escalar un monumento, acampar en la Castellana u okupar una entidad bancaria serán a partir de mañana motivo de sanción, de 100 a 600.000 euros, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Calificada como ley "mordaza" y cuestionada por toda la oposición y las organizaciones sociales, el texto que se aplicará a partir del 1 de julio culmina una andadura de año y medio desde que el Ministerio del Interior lo presentara a finales de noviembre como su proyecto estrella de la legislatura. Y aunque ha sido suavizado en su tramitación parlamentaria, rebajando incluso la gravedad de algunas conductas que sanciona, la ley salió finalmente de las Cortes con el solo apoyo del PP, el anuncio de derogación si otros partidos llegan al poder y con un recurso ya presentado de inconstitucionalidad.

Pero también con uno de los aspectos más polémicos que la oposición tampoco logró frenar: la legalización de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes a través de una disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería.

A pesar del rechazo, Interior mantiene que la ley es más garantista que la norma que sustituye -la conocida como ley Corcuera o de la patada en la puerta-, que respeta plenamente la Constitución y deja menos margen a la discrecionalidad.

El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz presume de que por primera vez se prohíben por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, se regulan los cacheos y se fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas sólo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos.

Los socialistas consideran que la nueva ley de seguridad ciudadana, "en lugar de responder a un marco que garantice la convivencia donde se desarrollen las libertades, sólo responde a sus prejuicios, a su ideología y a sus necesidades electorales, no a las necesidades y demandas de la sociedad española".

IU considera que es una norma antidemocrática y que recuerda a los tribunales franquistas.

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