El Sahara ha vuelto a estallar desde que fracasase la ampliación de competencias de la Misión de la ONU sobre derechos humanos, con manifestaciones diarias.

La respuesta de las autoridades marroquíes no fue tan contundente como esperaban los propios saharauis. Fuentes en el terreno afirman que la presencia de los medios internacionales como The New York Times, Washington Post, BBC, CNN, o The Guardian frenaron las disoluciones.

Sin embargo, la persecución hacia activistas saharauis sigue siendo constante según denunció la popular activista saharaui Aminatu Haidar desde El Aaiún. "La Policía está hostigando a los activistas saharauis y en concreto a mí, ya que me acusan de incitar a la población saharaui a salir a las calles" comentaba Haidar, cuyo coche fue apedreado durante las protestas.

Y la crisis en la antigua colonia vuelve a afectar al Gobierno español, en concreto al gabinete del ministro de Asunto Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados por petición del grupo vasco EAJ-PNV.

España es uno de los principales países pertenecientes al Grupo de Amigos del Sahara Occidental en las Naciones Unidas, conjunto al que el equipo de EEUU en la ONU presentó el anteproyecto de reforma de la misión en el Sahara, que finalmente fue bloqueado por Francia y Rusia, y al parecer también por la influencia de España.

Esta incógnita es la que el PNV quiere despejar en el Congreso, y es que el ministro reveló que la propuesta de EEUU carecía de consenso y su gabinete comunicó la satisfacción del Gobierno con el acuerdo del Consejo de Seguridad.

Margallo parece haber olvidado que en marzo de 2012 su grupo apoyó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso una proposición no de ley del grupo vasco, por la que se instaba al Gobierno de Rajoy a "impulsar a través de la acción diplomática que resulte necesaria, la ampliación de las atribuciones de la Minurso, de manera que ésta pueda contar con un mecanismo de observación que supervise el respeto de los derechos humanos, tanto en el Sahara Occidental como en Tinduf".

La medida fue aprobada por unanimidad, y el grupo vasco parece encontrar connivencias del Ejecutivo en el proceso de bloqueo de la propuesta en el seno del Consejo de Seguridad, cuando debería haberla defendido.

Pero lo complejo del asunto es el fuerte esfuerzo de Marruecos en bloquear las competencias Minurso, ya que estos denuncian violaciones de derechos humanos en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Y es difícil de entender cómo un país como Marruecos con altas pretensiones democráticas y con una voluntad política de movilizar a la Unión por el Magreb Árabe no aplica el derecho internacional en el Sáhara.

Cierto es que el temor a perder el territorio perjudica a la idea expansionista del Gran Marruecos, pero desde la legalidad el país puede acceder a una democratización real que permita buscar otros intereses económicos ya que un Sahara independiente está obligado a entenderse con el reino alauí, pero un Sahara marroquí avalado por la población autóctona será un éxito económico que permitirá a Marruecos crecer incluso a niveles de estados de la UE, pero la última palabra debería tenerla el pueblo.