ETA quiere abrir un diálogo con el Gobierno español, algo más de seis meses después de haber anunciado el cese definitivo de la violencia, de cara a su desarme y para abordar la situación de sus presos. Así se desprende de las conclusiones publicadas por la llamada Comisión Internacional de Verificación (CIV), un grupo de mediación no reconocido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Hasta ahora, el Ejecutivo ha rechazado cualquier diálogo con la banda terrorista. "No habrá ninguna negociación", dijo de nuevo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, poco antes de conocerse el informe de la CIV. A ETA "sólo le cabe una opción, que es disolverse".

La CIV ha tenido contacto directo con la banda terrorista y esta semana, en su tercera visita al País Vasco, se reunió con el Ejecutivo regional y con todas las fuerzas políticas (salvo el PP, que rehúso), así como con sindicatos, patronal y organizaciones sociales como la Iglesia.

ETA está "preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso", señaló la CIV en un comunicado. La creación de este grupo mediador fue impulsada en septiembre de 2011 por la izquierda abertzale y el abogado surafricano Brian Currin. Está compuesta por expertos en procesos de paz y seguridad de varias partes del mundo. La CIV ha confirmado el cese definitivo de la violencia anunciado por ETA en octubre de 2011 y descarta cualquier tipo de atentado por parte de la banda terrorista, que desde los años 60 ha matado a más de 800 personas en su pretensión de lograr la independencia. "El cese definitivo va en serio", aseguró el portavoz de CIV, Ram Manikkalingam, en declaraciones a la televisión vasca ETB.

El Gobierno de Rajoy anunció la semana pasada un plan de reinserción para los presos etarras que facilita su acercamiento a las cárceles del País Vasco. Es su primera medida tras el anuncio etarra, y ha generado críticas entre asociaciones de víctimas del terrorismo. La CIV saludó ese plan, pero instó al Ejecutivo español a tomar más medidas. "Es un primer paso que esperamos tenga seguimiento en la misma dirección", manifestó. En las cárceles de España hay algo más de 550 presos de ETA, la mayoría de ellos en prisiones de fuera del País Vasco, en el marco de una política de dispersión que se puso en marcha a finales de la década de los 80 bajo el argumento de impedir una coacción del grupo armado sobre la reinserción social de sus miembros.