EL debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2012 ha puesto de manifiesto la fortaleza del Gobierno del PP, como destacó en los pasillos del Congreso el propio Mariano Rajoy, al tumbar, aplicando el rodillo de la supermayoría absoluta que ostenta, las diez alternativas presupuestarias presentadas por la mayoría de los grupos de la oposición. Pero, a la vez, ha revelado su incapacidad para alcanzar acuerdos con la bancada opositora  -sobre todo con PSOE, CiU y  PNV- en el peor momento posible, en la coyuntura que más lo necesita la economía española.

Por mucho que los recortes y las reformas adoptadas por el Gobierno sean fundamentales para el cumplimiento del objetivo de déficit comprometido con la UE -permitirá, al menos, a la economía española financiarse de forma razonable en los mercados internacionales-, muchas de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, sobre todo las que afectan a sanidad, educación y servicios sociales y las que modifican radicalmente la legislación laboral, deberían sustentarse no en esa supermayoría sino en acuerdos de Estado con los principales partidos de la oposición, las comunidades autónomas y los agentes sociales. Eso, al menos, era lo que, cuando lideraba la oposición, defendía de forma cansina -y con cierta razón- el hoy presidente del Gobierno para desvincularse de muchas de las medidas que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero empezó a adoptar poco después de la intervención de Grecia, en mayo de 2010.

En el pacto, sacrificado en estos primeros meses del Gobierno más allá de los alcanzados con CiU en la reforma laboral y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con el PSOE en la reforma del sistema financiero, debería residir la verdadera  fortaleza del Gobierno y no en la abrumadora aritmética parlamentaria que le acompaña. Por el camino iniciado, a contramano de la política, que ha quedado relegada por el ordeno y mando del decreto-ley -el último sobre RTVE es un buen ejemplo, con la excusa de un bloqueo socialista que el PP practicó hasta la saciedad en las legislaturas de ZP-, está dilapidando muy rápidamente el importante crédito ciudadano logrado en las pasadas elecciones generales, como ponen de manifiesto todas las encuestas publicadas hasta la fecha.

Con los últimos recortes en sanidad y educación de 10.000 millones de euros -uno de los incumplimientos electorales más sonados del Partido Popular junto a la subida de impuestos-, un paro que va camino de los seis millones de españoles y un deterioro de las economías domésticas que, con la inseguridad que transmiten la reforma laboral y las subidas impositivas y de los servicios más perentorios, está quebrando el principio de solidaridad familiar, el deterioro social en la calle es más que evidente.
Antes de que sea demasiado tarde, antes de que la crisis derive en un problema de orden público, en vez de tirar del Código Penal -urgido por los titulares- para limitar las protestas ciudadanas en la calle, el Gobierno debería ser consciente de que no puede ni debe seguir en solitario reformando -por no decir, desmantelando- de forma tan severa el Estado de bienestar. Es verdad que la economía española puede que esté colgada de la cornisa, pero no es menos cierto que demasiados españoles han caído ya por el precipicio por culpa del tratamiento de choque del PP.

La primera piedra de una reconducción de la situación debería ponerla el Gobierno con un pacto de hierro con las comunidades autónomas -no es mala idea la Conferencia de Presidentes propuesta por Griñán- para intentar cumplir el objetivo de déficit sin maximalismos y sin incumplimientos flagrantes, pero también para disipar dudas sobre la corriente recentralizadora que amenaza el Estado de las Autonomías consagrado en la Constitución de 1978 y que tiene, como máximo exponente en el PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, autora de propuestas tan disparatadas que son equiparables a los desvaríos separatistas que, a golpe de la petición de nuevas competencias, caracterizan a algunas formaciones nacionalistas.

Sin embargo, los modos y las manifestaciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el último debate presupuestario apuntaban en dirección a la confrontación, a  un intervencionismo sustentado en el mazo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no genera confianza ni reviste a su autor de más autoridad. Especialmente grave está resultando su obsesión casi enfermiza y partidista por las cuentas públicas de Andalucía, que, sin ser de las mejores, tampoco son de las peores -las de Valencia, gobernada por el PP, están mucho peor-. Pareció más preocupado por saldar cuentas electorales que por transmitir disciplina presupuestaria y cuadrar números.

En esta encrucijada, Rajoy y los suyos deberían releer la historia de la Transición, ponerse el mono de político y  el traje de hombre de Estado para recuperar el consenso y rezar todo lo que sepan para que Hollande gane las presidenciales francesas.