El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha defendido en el Tribunal Supremo la necesidad de que se investiguen judicialmente las desapariciones del franquismo y que la Justicia actúe, aunque sea fuera de España.

"Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad de investigar esos crímenes, es lo que queremos", ha dicho Silva, que ha declarado como testigo de la defensa durante el juicio a Garzón por investigar las desapariciones de la etapa franquista.

Silva ha explicado así los motivos por los que su asociación presentó una denuncia en 2006 ante la Audiencia Nacional y por los que ahora se ha personado en la causa abierta sobre los crímenes del franquismo por una juez argentina, que ha pedido a España información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad entre 1936 y 1977.

Un requerimiento al que el Gobierno español aún no ha respondido, según el presidente de la ARMH, que defiende la capacidad de esa juez para investigar los hechos, igual que ha ocurrido con otros casos en la Audiencia Nacional en aplicación del principio de Justicia universal: "entendemos que puede ser bidireccional".

Tras explicar que la ARMH nació por "demanda" de los familiares después de un largo proceso de "maduración" y muchos años en los que les habían educado para callarse, Silva ha relatado cómo las víctimas de la dictadura jamás se han sentido víctimas, ni han tenido conciencia del daño sufrido por el miedo, el silencio y la marginación.

Por eso, ahora, tras reunir fuerzas para presentar una denuncia, lo que quieren es Justicia y no sólo poder llevar a cabo las exhumaciones. "Las exhumaciones ya las hacemos nosotros desde hace mucho tiempo, ese es un problema aparte, lo que queríamos es que la Justicia actuara como actúa con cualquier crimen cuando a alguien, como le ocurrió a mi abuelo, lo detienen, lo torturan, le dan dos tiros en la cabeza y les tiran en una cuneta".

Silva, cuyo abuelo fue asesinado por las tropas falangistas en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León), junto con otros trece hombres, ha explicado al tribunal la laboriosa tarea que ha llevado a cabo la ARMH con la colaboración de numerosos voluntarios, llegados incluso desde Japón.

Así, esta asociación, que ha contabilizado más de 12.000 desaparecidos en toda España, acudió a Naciones Unidas para reclamar al Gobierno español el cumplimiento de la resolución que establece que un Estado debe intervenir en estos hechos y hacer lo posible por encontrar los cuerpos de desaparecidos.

Un mandato que incluye también a la Justicia española, al ser uno de los tres poderes del Estado, en opinión de Emilio Silva, que ha contado que también denunciaron las desapariciones ante el Defensor del Pueblo.

Por su parte, Antonio Solsana, de la asociación de Memoria Histórica de Castellón, ha relatado cómo el 4 octubre de 1947 la Guardia Civil se llevó a su abuelo y a un vecino, a los que acusaron de relacionarse con los maquis, una relación que él ha negado afirmando que únicamente les dieron comida tres o cuatro veces.

A preguntas del abogado de la defensa de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, Solsana ha dicho que el atestado de la Guardia Civil explica que intentaron escaparse "pero testigos dicen otra cosa", y aplicaron "la ley de fugas", aunque nunca recuperaron el cadáver. Por último, a preguntas de la acusación popular, Solsana ha contado que también denunciaron la desaparición ante la Fiscalía de Castellón, que archivó los hechos por considerarlos prescritos.