LaA convocatoria consiguió reunir, según los sindicatos, a unas 25.000 personas en toda Andalucía, 3.000 de ellos en el acto central de Córdoba, donde estuvieron presentes los secretarios regionales de UGT y CCOO, aunque la policía reduce la estimación a menos de la mitad. Según datos que circulan por la red desde hace años (difíciles de contrastar por la opacidad de los propios sindicatos), no sólo habrían faltado a la convocatoria del pasado Primero de Mayo los afiliados, sino también los delegados sindicales (alrededor de 37.000 en Andalucía) y es posible que hasta algunos liberados (se estiman más de 8.000). Y todo ello con la tasa de paro en el 30% (1,2 millones de parados), por lo que se interpreta como un reflejo de la pérdida de la capacidad de los sindicatos tradicionales para representar los intereses de los trabajadores, sobre todo de los desempleados.

La defensa de los intereses de los parados por parte de los sindicatos siempre ha sido un tema controvertido, como reflejan los modelos denominados insiders-outsiders. Cuando lo sindicatos consiguen, como es su obligación, mejoras laborales para los que tienen empleo (insiders) provocan un aumento de los costes para la contratación de los que no lo tienen, lo que da lugar a que parados y subempleados (outsiders) consideren que la acción sindical puede perjudicar sus intereses. Es poco probable, sin embargo, que estos modelos, de larga tradición entre los expertos en el mercado de trabajo, ayuden a entender la desmovilización sindical en Andalucía desde el comienzo de la crisis.

Revisando la opinión de los observadores, la caída en picado de la afiliación y de la movilización social se explica por tres razones. La primera, por el excesivo acercamiento a la política a través de la concertación social, cuyos pingües beneficios económicos habrían llevado a anteponer los intereses corporativos sobre la lucha sindical, una de cuyas consecuencias ha sido la corrupción y su vergonzosa proyección en imágenes impropias de defensores de la justicia social. La segunda, la percepción de que tras la resistencia a las reformas en el mercado de trabajo se esconde una defensa a ultranza de privilegios políticos. De acuerdo con ello, los sindicatos serían percibidos como organizaciones reaccionarias, en el más estricto sentido de la palabra, es decir, de resistencia a todo cambio que haga peligrar sus posiciones de privilegio. La tercera es que, como consecuencia del inmovilismo, las posturas sindicales estarían alejándose cada vez más de los cambios que inexorablemente condicionan las relaciones económicas y laborales. El distanciamiento con la realidad del movimiento sindical en Andalucía quedó nítidamente reflejado en el artículo publicado por Antonio Fernández, por entonces Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía y ahora imputado en el caso ERE, bajo el título Tiempo atrás para el pleno empleo, con motivo del Primero de Mayo de 2007 y que comenzaba sentenciando: "Tiempo atrás dije, y algunos no me creyeron, que Andalucía está en una cuenta atrás para el pleno empleo técnico. Ahora empiezan a convencerse de que ese hecho está próximo".