UNA de las primeras medidas del actual Gobierno fue una subida transitoria de impuestos para hacer frente al lamentable estado de las finanzas públicas y a los compromisos contraídos a corto plazo. También se anunció el comienzo de una larga etapa de ajustes con el fin de reducir el coste del Estado, que en general se interpretó como preludio de recortes en el gasto social y en el Estado de bienestar. Todo se cumplió, aunque ni estuvo en los análisis del Partido Popular durante la campaña, ni en su programa electoral, pero se justificó con la perplejidad, que no deja de ser reflejo de una notable incompetencia, de los nuevos responsables ante una situación financiera mucho más grave de lo esperado. Las clases medias fueron, como siempre ocurre, los principales contribuyentes al esfuerzo colectivo para evitar la bancarrota del Estado, a pesar de que también estaban siendo los más duramente golpeados por la crisis, aunque se aceptaba a regañadientes, confiando en que el nuevo gobierno conseguiría impulsar el esperado cambio de rumbo a la economía. A finales de 2013, sin embargo, las tres principales fuentes de frustración colectiva permanecían prácticamente igual que entonces: pedir un préstamo, buscar empleo o llegar a fin de mes con un sueldo medio, sigue siendo tan difícil como entonces, si no peor.

La Encuesta sobre Préstamos Bancarios de abril de 2014, que elabora el Banco Central Europeo, indica que la demanda de crédito por parte de empresas y hogares en España experimentó un ligero aumento durante el primer trimestre del año, mientras que permaneció inalterada la de préstamos para la adquisición de viviendas. En el caso de las empresas, el aumento vino fundamentalmente de la mano de las pymes, pero las condiciones de la oferta han permanecido prácticamente inalteradas para ellas, así como también la de los préstamos a la vivienda. Los bancos reconocen que, a pesar de que para ellos las condiciones de financiación han mejorado, tan sólo en el crédito al consumo de los particulares se puede hablar de una cierta relajación en los requisitos, que además sería la primera vez que ocurre desde 2010. Por otra parte, las entidades esperan que durante este trimestre se mantenga el aumento de la demanda de crédito en pymes y hogares y manifiestan su confianza en que los requisitos para la concesión se reduzcan, pero no parece razonable esperar una contribución importante a corto plazo por parte de los mercados financieros a la reactivación del consumo, la actividad y el empleo.

Otra de las fuentes importantes de frustración colectiva es la búsqueda de empleo. Los últimos datos sugieren la probable proximidad del final del proceso de destrucción de empleo y que incluso se podría comenzar a crear empleo neto con una tasa de crecimiento del entorno del 1%, aunque con un notable deterioro de las condiciones de trabajo y en las garantías a los trabajadores. El recorte en la protección al desempleo y los cambios en la legislación laboral contribuyen al proceso, pero también el estado de extrema necesidad de un porcentaje creciente de hogares. El anuncio de nuevas medidas de apoyo a jóvenes sin empleo y sin estudios también contribuye al desconcierto de los parados de larga duración y mayor edad, cuya situación no ha merecido una consideración similar de urgencia por parte del Gobierno, pero cuyas perspectivas de empleo todavía se deterioran más, ante la proliferación de las ventajas en la contratación de jóvenes.

Por último, la Encuesta de Condiciones de Vida en España en 2013 nos indica que el 16,9% de los hogares tenían grandes dificultades para llegar a fin de mes, 3,4% más que un año antes, y que el 41% no estaba en condiciones de hacer frente a un gasto no imprevisto. Este porcentaje es similar al de 2012, pero se ha incrementado en más de 10 puntos desde el comienzo de la crisis.

En Andalucía, donde las restricciones de crédito son más elevadas, así como también el nivel del desempleo, mientras que el ingreso medio por persona es inferior en un 20% a la media española, la situación es bastante peor que en el resto. En nuestra comunidad, el porcentaje de hogares con dificultades para llegar a fin de mes asciende hasta el 23,4% y el 55% es incapaz de hacer frente a imprevistos, todo ello como reflejo de que la tasa de pobreza (porcentaje de personas con ingresos inferiores al umbral de pobreza) es del 29,1%, frente al 20,4 en el conjunto de España.

¿Cómo se sobrevive sin crédito, sin trabajo y con ingresos insuficientes para llegar a fin de mes? Se recurre al Estado de bienestar y, como sostiene el profesor Pérez Yruela, al entorno social y familiar, pero también se recortan gastos y se modifica el consumo. Se reduce todo tipo de gastos, incluyendo los de alimentación (disminuye la frecuencia en el consumo de carne, pollo y pescado) y calefacción, pero también se modifica la estructura del consumo. Los conceptos más flexibles, como la cultura y el ocio, reducen significativamente su peso, mientras que aumenta el de los más rígidos, como los recibos de la luz y el gas y, en general, los gastos del hogar. También se aplazan los pagos tanto como sea posible. Los andaluces aplazamos algo más que el resto de los españoles (11,7%, frente a 9,3), pero no tanto como cabría esperar, dadas las diferencias en ingreso medio y desempleo, lo que significa que también realizamos un esfuerzo relativo mayor para hacer frente a los compromisos.