El plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que el Consejo de Ministros podría aprobar hoy incluirá visitas a los centros de trabajo para comprobar que los trabajadores se encuentran dados del alta en la Seguridad Social y no cobran prestaciones, así como "controles masivos" sobre los sectores más susceptibles de fraude.

Así se recoge en un documento del Ministerio de Empleo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se perfilan los objetivos y las líneas generales de actuación del plan. El texto precisa que para llevar a cabo estas actuaciones "extensivas" e "intensivas", Empleo prevé la incorporación "inmediata" de hasta un centenar de efectivos en la Inspección de Trabajo con "dedicación prioritaria" a la lucha contra el fraude.

Será un incremento de 25 inspectores y 30 subinspectores en un primer momento y, entre finales de 2012 y principios de 2013, otros 44 inspectores y los subinspectores que superen el proceso selectivo actualmente en curso.

El plan arrancará con un plan de choque de actuaciones que se pondrán en marcha "de forma inminente". Además, incorporará una mejora de los sistemas de inspección y una mayor colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos autónomos.

Por parte del trabajador, se perseguirá compatibilizar de forma indebida el cobro de prestaciones con el trabajo, especialmente en el caso del paro, y el acceso indebido a la prestación por desempleo. Del lado de los empresarios, se incidirá en el hecho de que empleen a trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social y utilicen a extranjeros irregulares.

Para ello, el plan contempla medidas en el ámbito del Servicio Público Estatal (SPEE) para controlar la presencia de los parados ante las oficinas de empleo y el cumplimiento de sus compromisos de actividad, así como para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación por desempleo. También se acometerán las modificaciones legislativas "que resulten necesarias" para garantizar la mayor eficacia de la actividad inspectora y se cita el régimen sancionador penal y administrativo y la modificación de los procedimientos.

El Gobierno prevé "intensificar" por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las actuaciones de control en materia de derivación de responsabilidades o de investigación de empresas ficticias, contrataciones y altas fraudulentas en el sistema.

El plan también estrechará la colaboración entre la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como con las autonomías, que son las responsables de la gestión de las políticas activas de empleo.