La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de prisión de dos años y cuatro meses para los ex dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y el ex presidente de Air Comet, Antonio Mata y una indemnización conjunta de 99 millones por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de Aerolíneas Argentinas. Según subraya el fiscal Miguel Angel Carballo en un auto, los tres acusados deben responder del impago de 99 millones de euros por Impuesto de Sociedades al haber sido responsables penales y civiles en la compra -hace once años- de Aerolíneas Argentinas al Estado español por parte de Air Comet, la compañía aérea de Marsans.

En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92% de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.

El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur, por Mata, en nombre de Air Comet -actualmente en liquidación-, y por la SEPI. Al no haber declarado los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas Argentinas, Carballo pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones, que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros. Asimismo, para el juicio oral el fiscal propone que se interrogue a los acusados, que declare un perito de la Agencia Tributaria para ratificar los informes periciales, así como otras pruebas documentales.

En septiembre de 2011, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió proceder contra el ex presidente de la CEOE, contra Pascual y contra Mata por un delito fiscal y exoneró de cualquier actuación delictiva a la SEPI, dejando sin efecto la imputación de los tres directivos. El magistrado, que reconocía que la venta se pudo haber realizado de otra forma, consideraba que de la instrucción, iniciada en 2004, no se deducía la existencia de "concierto, artificio o maquinación entre los gestores de la SEPI y los administradores de Air Comet para defraudar al Estado".