El CB Conquero solicitó ayer al Consejo Superior de Deportes un informe sobre el momento actual en que se haya el procedimiento abierto con la reclamación que el club interpuso el 22 de julio, solicitando la anulación del acuerdo de exclusión de la Liga Femenina.

Dicho acuerdo, según un comunicado del club, fue "emitido de forma anómala e ilegal por la comisión delegada, al carecer de competencias, según la normativa reglamentaria y específica de la Federación, y la adopción de medidas cautelares que rompieran la situación de indefensión absoluta a la que la Federación había sometido a la entidad onubense".

"Desde los servicios jurídicos del CSD se ha confirmado que se solicitaron a la federación las correspondientes alegaciones, no habiéndose recibido en el plazo administrativo preceptivo contestación alguna por parte de la Federación Española de Baloncesto (FEB) dándose en este sentido el desestimiento de la FEB a alegar en este procedimiento".

"El malestar existente en el CB Conquero es máximo, toda vez que a la reclamación interpuesta, en la FEB, a las comunicaciones hechas al presidente de la misma, Jorge Garbajosa, al requerimiento notarial presentado el mismo 20 de julio, en el que se pedía información relativa a la forma y fecha de presentación de avales y a la justificación de la deuda de algo más de 4.000 euros que se reclamaba al club, así como a la petición de alegaciones por parte del CSD, se ha respondido con el mayor de los silencios y desinterés, abocando a una entidad onubense y andaluza, como el CB Conquero, con una cantera de 150 niñas y niños en categorías de iniciación, a toda una afición, al silencio y vacío más absoluto y a un trato vejatorio, sin precedentes en la historia del baloncesto federativo nacional, al saltarse todos los procedimientos administrativos y preceptivos, propios y específicos de la normativa reglamentaria y estatutaria de la Federación , así como de la normativa general, amparándose en el mayor de los silencios y sometiendo a un club femenino, a una indefensión sin precedentes, que jamás había ocurrido en el panorama del baloncesto español", añade el club.

"El procedimiento de exclusión de la Liga Femenina se ha denunciado como ilegal, al vulnerarse y no aplicarse artículos específicos del reglamento general y de competiciones, como el citado artículo 126, que en su apartado A, hace referencia al plazo de 10 días que debe darse a cualquier equipo con derechos deportivos a subsanar cualquier defecto de inscripción en que pudiera haber incurrido, así como a la presentación de las correspondientes alegaciones.

La razón o razones que han motivado que la Federación haya dado la espalda a los procedimientos legalmente establecidos y adoptados escapan al entendimiento del club, pero dejan muy a las claras que la actuación, cuando menos, se aleja en mucho de la buena fe que debería regir, cualquier actuación federativa.

La conclusión final, a la que se llega en el seno del club, es que esta situación jamás será vivida por un club masculino y que el desprecio y desinterés que se ha recibido por parte de la Federación, intentado que los plazos maten la presencia de un club como el Conquero en Liga Femenina, se dan por las especiales características de Conquero, ser un club femenino y andaluz.

Desde el club se apela a la sensibilidad del Consejo Superior de Deportes a la hora de resolver a la mayor brevedad de tiempo posible, toda vez que el objetivo del club es participar esta temporada en la Liga Femenina, que debería dar comienzo el 28 de septiembre, esperando que se atienda la justa petición de nuestra entidad y que en su defecto, se adopten las medidas cautelares pertinentes para evitar un grave perjuicio, sin precedentes en el baloncesto federativo nacional", prosigue el comunicado.

El Conquero espera que la situación "se resuelva con la máxima celeridad , como así ha ocurrido en otros recientes casos, como el del COB de Ourense, en julio de 2015, donde se resolvió en el plazo de un mes". Normativamente, el Consejo Superior de Deportes tiene un plazo máximo de resolución de tres meses, una vez abierto el correspondiente expediente.