El espionaje del que fue víctima el portero de la selección de Costa Rica y del Real Madrid, Keylor Navas, desató la preocupación sobre el resguardo del derecho a la intimidad en este país centroamericano, caracterizado por ser una de las democracias más sólidas de América Latina.

El país, de apenas 51.100 kilómetros cuadrados y 4,8 millones de habitantes, amaneció ayer bajo la sombra del escándalo por el caso de Navas, tras descubrirse que 24 agentes de la Policía Judicial y cuatro fiscales estuvieron espiando su vida privada y la de dos de sus hermanas entre julio y agosto sin aparente razón alguna.

"¿Por qué espiaban a Navas?". Ésa era la pregunta que se hacían ayer los costarricenses, luego de que el director de la Policía Judicial (OIJ), Francisco Segura, revelara el martes haber descubierto una serie de irregularidades cometidas por varios de sus subalternos. El espionaje, que según Segura ha afectado en el pasado a otras personas al realizarse sin aparentes razones que lo justificaran y a espaldas de las altas jerarquías del cuerpo policial, desató alarma, preocupación y protestas en sectores vinculados al quehacer jurídico del país.

La Fiscalía, el mismo OIJ y la Corte Suprema de Justicia dijeron que investigan las arbitrariedades cometidas por elementos de ese poder. ¿Qué buscaban de Navas? Varios medios insistían ayer en esa pregunta. Por ahora lo que surgen son sólo especulaciones. Desde simple fisgonería hasta la posibilidad de que haya fuga de información hacia círculos perniciosos, incluidas bandas vinculadas a grupos criminales.

El escándalo aflora también en medio de un debate sobre el futuro de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), un aparato adscrito a la Casa Presidencial, y que ha sido señalado de ser una especie de "policía política".