Un total de ocho alcaldes del PP y uno de IULV-CA han sido elegidos como parlamentarios en los comicios autonómicos celebrados  en Andalucía a pesar de la modificación de la ley electoral aprobada en noviembre por la Junta que impide la compatibilidad de ambos cargos. Esta modificación está pendiente del recurso que presentará el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, tal y como acordó el Consejo de Ministros a principios de mes, algo que supondría una suspensión de la ley de cinco meses hasta que el Constitucional resolviera.

Entre los alcaldes del PP que han sido elegidos diputados se encuentran los cinco regidores que han encabezado las listas de la formación en sus respectivas provincias. Se trata del alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto; el alcalde de Motril (Granada), Carlos Rojas; el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez; la alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Esperanza Oña; y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Además, han sido elegidos diputados del PP por la provincia de Huelva la alcaldesa de Valverde del Camino, Dolores López, que iba de número 2, y el regidor de Lepe, Manuel Andrés González, como número 3, mientras que en la lista de Almería ha obtenido escaño el alcalde de La Mojonera, José Cara, que iba en quinta posición en la lista.

En el caso de IULV-CA, afecta a dos de sus alcaldes, el de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el de Canena (Jaén), Juan Serrano. Cada uno encabezó la lista de su formación en su respectiva provincia. Ningún alcalde del PSOE se sentará en la Cámara andaluza, ya que los únicos regidores que esta formación incluyó en sus listas, por la provincia de Jaén -donde han conseguido 5 escaños-, eran el de Espeluy, Pedro Bruno, en el octavo puesto, el de Segura de la Sierra, Jacinto Viedma, en el número diez, y la regidora de Jimena, Esther Ulloa, como primera suplente.

Una vez que el Gobierno recurra la modificación el Tribunal Constitucional deberá resolver sobre el precepto impugnado antes del vencimiento de los cinco meses en que estará suspendida. La reforma de la ley electoral andaluza, aprobada el 23 de noviembre de 2011 con los votos del PSOE e IU, tenía como principal objetivo incluir a los alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales y presidentes de mancomunidades en el régimen de incompatibilidad con el cargo de parlamentario autonómico andaluz. El Consejo de Estado remitió un dictamen en el que aprecian "fundamentos jurídicos" para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo.

En este sentido, sostiene que "constituye una vulneración de los derechos constitucionales de sufragio pasivo y de acceso a cargos públicos de que son titulares las personas afectadas". Además, a juicio del Consejo de Estado, la incompatibilidad supone una "discriminación" que carece de justificación razonable y que resulta no proporcionada.