El tercer y penúltimo capítulo de la investigación interna emprendida por la Consejería de Empleo para hallar irregularidades en las ayudas otorgadas a ex trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) entre 2001 y 2010 amplió ayer a 146 las anomalías detectadas. De éstas, 59 se confirman ya como intrusos, es decir, personas totalmente ajenas a las empresas, y otros 87 son sospechosos de serlo.

Estas dudas, según explicó el consejero de Empleo, Manuel Recio, se deben a las "discrepancias administrativas" surgidas en cuanto a su vinculación con la empresa (por ejemplo, por pertenecer a empresas auxiliares) o porque la fecha de incorporación está demasiado próxima al ERE. En todos los casos será la juez que lleva el caso, Mercedes Alaya, quien depure las responsabilidades penales en un proceso que, se aventura, tardará años.

La Junta colabora y remite a la juez las anomalías detectadas fruto del trabajo en los dos últimos años y que se ha acelerado en las últimas semanas con 20 funcionarios en diez grupos trabajando en contrastar polizas de seguro con su correspondiente ERE, informó Recio en comisión parlamentaria para dar cuenta de los resultados de la investigación.

El consejero expuso que, de los 5.273 trabajadores revisados, el 95% de los que aún perciben estas ayudas, el 97,23% no han presentado el mayor problema. Se habrían detectado, según los datos del responsable de Empleo,un 1,1% como "ajenos" a las empresas, esos 59 intrusos, y otro 1,6%, los 87, "sin certeza". En el primer porcentaje se apoyó la Junta y el PSOE para "restar la alarma".

Más costó que, a petición de PP e IU, Recio desvelase el número de ERE "contaminados". No fue hasta la tercera intervención cuando el consejero expuso con reticiencias que las 146 irregularidades se han detectado en 32 de los 64 ERE analizados, justo la mitad. Entre los nuevos figuran los de Pickman y Dhul, según pudo conocer esta redacción. Aún faltan por analizar cuatro de los 68 ERE "vivos" registrados por Empleo, con 290 trabajadores, aunque Recio comentó posteriormente a los periodistas que no espera grandes variaciones.

Recio también admitió que durante el proceso han surgido dificultades en las cifras facilitadas por la complejidad de la investigación. El número de irregularidades desveladas por el consejero llevó al secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, a ironizar sobre el "peligro" que representan las comparecencias de Recio, ya que siete días atrás, en un Pleno, las presuntas irregularidades fueron 70 en 19 empresas, "y ahora se duplican". Sanz también afeó al consejero que pareciera "orgulloso" de las cifras, "cuando con un solo fraude habría que depurar responsabilidades, y dimisiones, porque se está jugando con el dinero de los parados".

"Las cifras se pueden utilizar de muchas formas", aceptó el consejero, que consideró más "esclarecedor" informar de que casi el 99% de las ayudas están bien otorgadas para "tranquilizar" a los trabajadores. Recio también aseguró que, en el caso de los ERE paralizados, las bonificaciones llegarán a los trabajadores .

Antes, el diputado de IU Pedro Vaquero le reclamó en este sentido que "no paguen justos por pecadores" y lamentó las múltiples "zonas de penumbra" sobre este "choriceo" como consecuencia de la negativa del PSOE a aceptar una comisión parlamentaria. "Si no aceptan responsabilidades, están invitando a los ciudadanos a gritos a pedirlas en las urnas", avisó.