Las cuentas del plan de reequilibrio que la Junta tiene previsto aplicar de aquí a 2013 quedaron ayer mucho más claras en el Parlamento. El PP se hizo con el documento elaborado por el Gobierno andaluz y lo puso sobre la mesa con gran revuelo entre la bancada socialista, ya que cogió por sorpresa a los propios consejeros, que desconocían su contenido. El programa para la contención del déficit ni siquiera había pasado por el Consejo de Gobierno y, por tanto, ignoraban el calado de algunos de los tijeretazos que ellos mismos van a tener que aplicar. Y algunos en materias tan sensibles como la sanidad y la educación.

Lejos de la discusión política entre si el retraso en el cumplimiento de los compromisos es o no un recorte del gasto social, lo cierto es que en ese plan se tocarán estas políticas troncales con una modificación de calendario. Así, los nuevos centros hospitalarios de alta resolución (chares), la ampliación de las plazas de guardería o la incorporación de nuevo profesorado previstos para estos ejercicios, se pospondrá para contribuir a una contención del gasto de 248 millones sólo entre 2010 y 2011.

La política sanitaria es tal vez la que menos va a sufrir esos aplazamientos. De hecho, tal y como se recoge en el plan, se perfila una "puesta en funcionamiento de forma más progresiva", es decir, una ralentización del ritmo de creación de los nuevos chares y de nuevas prestaciones sanitarias con repercusión presupuestaria. Esta medida de austeridad favorecerá una ahorro tan sólo en este ejercicio de 15 millones, que se elevará hasta los 75 millones a lo largo del próximo.

A pesar de que la educación es la piedra angular del discurso de José Antonio Griñán, bajo la fórmula de que se "acomodarán en un año adicional" las medidas incluidas en la Ley de Educación de Andalucía, la Junta lo que prevé es "modular" un año más la entrada del nuevo profesorado. Este aplazamiento, que también se aplicará a la incorporación de personal administrativo vinculado a los centros educativos, supondrá un tijeretazo a la cuenta de gastos de 135,5 millones. A esta cantidad habría que sumar los otros 4 millones que se detraerán de una de las demandas históricas de los docentes de la concertada: su equiparación salarial con los de la pública -está ejecutada al 99%-.

Tampoco escaparán a la modificación de plazos otros servicios educativos como el plan de apertura de centros (aula matinal, servicio de comedor y actividades extraescolares) o el plan de plurilingüismo. Su implantación se hará de forma progresiva y "acorde con las disponibilidades presupuestarias a medio plazo". La medida supondrá uno de los capítulos de contención del gasto más importantes, con 223,5 millones.

Una de las promesas estrella del Ejecutivo de Griñán, las guarderías, también se verán desplazadas un año de su previsión inicial. Así las 100.000 plazas que estaban programadas para el curso escolar 2010-11, tendrán que esperar al siguiente para que el presupuesto andaluz se beneficie con una bajada de 22,9 millones.

En este plan también se detalla uno de los capítulos de donde más dinero salvará la Junta para la contención del déficit: las inversiones. A la cifra ya conocida de 846 millones para 2010, el documento recoge que para el año siguiente serán 1.200 millones.

Aparte del golpe de efecto dado al hacer público estos planes, el presidente del PP-A, Javier Arenas, lo utilizó como arma arrojadiza contra Griñán al que acusó de tener una "agenda oculta" de recortes sociales que elevó hasta los 1.743 millones durante 2010 y 2011 -4.595 millones si se suma la inversión, gasto farmacéutico y de la administración-. Arenas consideró que Griñán, al no decir "ni pío" hasta ahora sobre estas medidas, lo que había hecho en el Debate del estado de la Comunidad no era otra cosa que mentir. El presidente andaluz, que en ningún momento entró a rebatir las cifras, el único argumento al que se aferró fue a la discusión dialéctica de que aplazar en el tiempo no es lo mismo que recortar, llegando a repetir que no se va a tocar "ni un euro" del gasto social.