El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, arremetió ayer contra la teoría de la conspiración que unas veces de forma abierta y otras solapada han expuesto las defensas de los 19 acusados en el caso Ballena Blanca. Durante las dos sesiones en las que se han planteado las cuestiones previas a juicio, los letrados han sugerido la existencia de un concierto entre fiscal, juez instructor y Policía para imputar delitos de blanqueo tras una investigación que han dicho que respondía a intereses mediáticos y en la que creen que han sido arrasados los derechos fundamentales.

López Caballero recordó que antes de que se abriera el caso no se conocían entre sí el juez Miguel Ángel Torres, que instruyó la causa, los policías de la Udyco que efectuaron las investigaciones y él, como representante de Anticorrupción. El fiscal se quejó de afirmaciones como las efectuadas por el abogado José Carlos Aguilera, defensor del notario Álvaro Espinosa, que aludió a este procedimiento como "la mayor subversión del orden constitucional en cuanto a garantías procesales", hasta el punto de que el juez instructor se convirtió en el "mayor peligro para la libertad individual".

El letrado José Antonio Choclán, que ejerce la defensa del inversor finlandés Aki Kujala, marcó incluso un punto de inflexión en la objetividad del juez y del fiscal en este procedimiento: el día en que ambos fueron condecorados con la medalla al mérito policial, un reconocimiento que en su opinión expresaba "dudas de imparcialidad" que se confirmaban a medida que el instructor denegaba pruebas a las defensas.

El fiscal anticorrupción sugirió que el mejor argumento para demostrar la legalidad de las decisiones que adoptó el juez Torres reside en que todas fueron ratificadas por la Audiencia.

También salió al quite de las críticas de los abogados que tuvieron como diana el inicio de las investigaciones, a raíz de un informe elaborado por la Udyco a partir de informaciones procedentes de la "inteligencia policial, de las bases de datos públicas y comisiones rogatorias" en el que aparecía el despacho de Fernando del Valle como un bufete profesional que recurría a "mecanismos de ocultación de patrimonios ajenos". Ese informe de arranque del caso dio lugar a "diligencias propias de cualquier investigación" que, en contra de la versión de los abogados, no fue "prospectiva" puesto que sólo buscaban "verificar si el despacho contribuía al blanqueo y la extensión del ámbito de intervención".

López Caballero admitió que dada la complejidad de los hechos se recurrió a "medios de investigación especiales" limitativos de derechos como intervenciones telefónicas, registros y detenciones y enfatizó que hubiera sido "irreal" simplemente citar a los sospechosos para tomarles declaración porque hubiera sido "ponerlos en guardia".

No obstante, entiende que a pesar de las decisiones restrictivas nunca se lesionó el derecho a la defensa, como demuestra el hecho de que las decisiones del juez Torres fueran recurridas casi sin excepción primero en reforma y después ante la Audiencia.

Los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción fueron firmemente apoyados por la letrada de la Agencia Tributaria, que ejerce la acusación particular en este procedimiento. Así, subrayó la habilidad de utilizar sociedades con sede en Delaware (Estados Unidos) en vez de entidades offshore, porque disfrutan de las misma permisividad legal y, sin embargo, no generan las mismas sospechas que las radicadas en paraísos fiscales. Además, puntualizó que el derecho de defensa "excluye" los casos en los que los abogados "actúan como testaferros, intermediarios y depositarios de fondos".