De nuevo un pacto social en tiempos de crisis. Los inicios del proceso de concertación en Andalucía se caracterizaron por una crisis económica que azotaba al tejido productivo andaluz. Era 1993. Más de 16 años después, otra crisis cíclica coincide con la renovación del pacto social entre el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos, un acuerdo, el séptimo, retrasado al menos en un año por la situación económica y firmado finalmente ayer en un acto solemne al más alto nivel.

Las dificultades para cerrar el acuerdo y la confianza en que este intrumento suponga una inyección de confianza para afrontar el futuro y generar empleo marcaron las intervenciones de los firmantes.

El acuerdo de concertación aúna a gobiernos, empresarios y sindicatos para abordar los problemas sociales y contribuir a elaborar soluciones fundadas en el consenso. Bajo este marco, el acuerdo andaluz, único en España mientras se padece la crisis económica y que se supone la antesala del que se firme a nivel nacional, recoge 351 medidas y una previsión presupuestaria de 19.000 millones de euros para cuatro años (2010-2013).

El pacto tiene un doble objetivo y así se reparten las medidas: 26 actuaciones de carácter coyuntural para afrontar la crisis económica y el resto tendrá un carácter estructural para propiciar un cambio en el modelo productivo.

El documento recoge gran parte de las medidas puestas ya en marcha por la Junta, ahora apoyadas y controladas por sindicatos y empresarios, y nuevos planes de futuro, como el que destacó José Antonio Griñán, presidente de la Junta, en su intervención: el Andalucía sostenible, un proyecto que impulsa el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, aún sin concretar.

Entre las medidas figura el enésimo llamamiento a las entidades finacieras para que liberen crédito a empresas y familias o las nuevas apuestas por la educación para toda la vida, la atención a dependientes, así como políticas relativas a la inspección de trabajo o modernización de la administración.

"Estoy convencido de que es el instrumento adecuado para ayudarnos a lograr cuanto antes salir de la crisis y, sobre todo, hacerlo en las mejores condiciones", deseó Griñán.

Animoso estuvo el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces, Santiago Herrero, que en algunos momentos mostró reticencias al acuerdo hasta que pasase la crisis y que, en otros, pareció esperar al acuerdo nacional. Herrero, sin nombrarlo, respondió duro a las críticas del PP por firmar el pacto y lo justificó en un "ejercicio de responsabilidad". Lo dejó claro: "las organizaciones empresariales somos libres e independientes y, desde luego, no somos el brazo ejecutor de los gobiernos ni el brazo armado de la oposiciones". "¿Piensa alguien que es mejor un escenario distinto al del acuerdo? ¿Es mejor, acaso, la confrontación", preguntó.

Herrero rechazó que el dinero subvencione a la organización empresarial y precisó que los recursos los gestiona el Gobierno, no los empresarios, que "no han tenido que devolver ni un euro" en los 30 años que han tenido fondos públicos.

En un tono más institucional, los dirigentes de UGT, Manuel Pastrana, y de CCOO, Francisco Carbonero, resaltaron que es un acuerdo "para los trabajadores andaluces" y en el que "han arrimado el hombro" en un ejercicio de responsabilidad para salir de la crisis. Los dirigentes de UGT y CCOO aseguraron que serán "exigentes en su cumplimiento y leales con lo firmado".