La Unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía ha culminado dos investigaciones encargadas por los juzgados mixtos tres y cuatro de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera sobre posibles casos contra la ordenación del territorio, que han dado como resultado la imputación de cinco personas, entre las que figuran promotores y constructores. Las investigaciones estudiaron los casos de unas edificaciones levantadas en suelo no urbanizable. 

Según explicó la Junta en un comunicado, la primera de las investigaciones comenzó en verano por encargo del juzgado mixto número tres, referente a una parcela de suelo no urbanizable en el Pago de los Guisos de Chiclana. 

Mediante el cotejo de ortografías aéreas, los funcionarios policiales comprobaron que en 2005 desaparece una casa pequeña de antigua construcción y aparece una nueva edificación unifamiliar de 90 metros cuadrados de planta con piscina. En 2007 se inició la construcción de otra similar tras ser dividida la parcela con un muro de hormigón, todo ello sin licencia municipal de obras. Además, se talaron todos los árboles de la parcela sin la preceptiva autorización ambiental. Así, tras localizar y oír en declaración a los promotores y al constructor de ambas viviendas, fueron imputados por presunto delitos contra la ordenación del territorio.

La segunda investigación, encargada por el juzgado mixto número cuatro, también se hizo sobre unas edificaciones levantadas un suelo no urbanizable en el Pago Mujadillas de la localidad, donde se había construido un edificio de dos plantas de 120 metros cuadrados y otro edificio de una planta de 50 metros cuadrados sin ningún tipo de licencia municipal. 

Por las ortoimágenes, se comprobó que la obra acabó en 2005. Ese año se declaró la obra nueva, pero no de las construcciones levantadas, sino de la antigua casa. Según los investigadores, esto constituye un procedimiento habitual para "enmascarar la irregularidad  y dar aspecto de legalidad".  Posteriormente, los promotores y constructores fueron localizados y prestaron declaración, tras lo que fueron imputados como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio.