Después de su anuncio a bombo y platillo y posterior aprobación en el Consejo de Gobierno, la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones acordada por el PSOE y Ciudadanos tiene ya el aval del Parlamento. La Diputación Permanente de la Cámara andaluza convalidó ayer por la vía de urgencia el decreto ley que incluye parte de la modificación pactada por los socialistas y el partido naranja.

La nueva norma -que se refiere a las bonificaciones por vivienda habitual y explotaciones agrícolas- está en vigor desde el 1 de agosto, cuando se publicó en el BOJA, pero ha necesitado casi un mes para finalizar el trámite legislativo. Además de los presumibles votos afirmativos de las dos formaciones que la impulsaron, la medida también contó con el apoyo de los miembros del PP presentes en la Diputación Permanente. Es lógico, puesto que los populares llevan casi una década intentando reducir el polémico gravamen. El aval anunciado en su intervención por la portavoz conservadora, Carmen Crespo, tiene vocación de ir más lejos y convertir la reforma de la tasa en un proyecto de ley que se acerque más a sus pretensiones: la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones.

A la izquierda del PSOE, esta reforma fiscal no gusta ni en el fondo ni en la forma. Antonio Maíllo, portavoz de IU, defendió la incongruencia que para él supone renunciar a ingresos -125 millones de euros, concretamente- que podrían servir para financiar servicios públicos. "No entiendo que la Junta recupere el discurso del PP sobre la recuperación económica", espetó el líder de IU a María Jesús Montero, presente en la reunión para defender su reforma. La consejera de Hacienda y Administración Pública también se llevó una reprimenda de la representante de Podemos, Esperanza Gómez, que criticó la urgencia del trámite legislativo avalada, según el propio texto del decreto, por las posibles repercusiones económicas de la salida del Reino Unido de la UE y la reducción en las subvenciones de la PAC, entre otros motivos.

Gómez también restó valor las reformas confirmadas ayer. Sobre todo a las bonificaciones para los herederos de viviendas habituales que hubieran convivido previamente con el fallecido por considerar "que no benefician a las clases medias". Pero la modificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones no es del todo negativa para la formación naranja, puesto que defiende la segunda fase de la misma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

Será entonces cuando se aumente hasta los 250.000 euros la cantidad heredada exenta del pago de tributos -frente a los 175.000 euros actuales- y module se corrija el error de salto, que igualaba la tasa a pagar para las personas que heredasen cualquier cantidad mayor al mínimo exento. Esta parte de la reforma del polémico gravamen no estará en un decreto ley, sino que formará parte de la Ley de Presupuestos Autonómicos de 2017.

La propia consejera de Hacienda lo anunció antes de defender su decreto en la Diputación Permanente. Y además, recordó a su socio de Gobierno que no habrá más reducciones fiscales hasta próximo aviso. Según Montero, la mejora económica sólo permite dejar de ingresar los 125 millones de euros contemplados en esta modificación. "Otras bajadas de impuestos tendrán que esperar a años sucesivos", afirmó.

Ciudadanos no tendrá que esperar tanto para comenzar las conversaciones con el PSOE para hablar precisamente las cuentas del próximo ejercicio. Montero quiere que los Presupuestos lleguen al Parlamento andaluz a finales de octubre y reconoció que su departamento cuenta ya con borradores propios. La titular de Hacienda, sin embargo, dejó un recado a su homólogo en el Gobierno central, a quien pidió que diera a conocer las entregas a cuenta y la liquidación de la financiación autonómica de 2015. De esta forma, aseguró Montero, el Ejecutivo andaluz podrá saber con qué ingresos cuenta para el año próximo.