El juez que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de del servicio de audioguías del Patronato de la Alhambra y del Generalife, Antonio Moreno, ha ampliado el número de investigados a 16 y ha elevado a ocho los posibles delitos cometidos. Ve una posible "organización criminal" en la anterior cúpula encargada de la gestión del monumento para adjudicar contratos a dedo a empresas, parientes y amigos.

En su auto el magistrado incluye en la causa, "en calidad de nuevos investigados" a diez personas que tienen lazos familiares o de estrecha amistad con la que fuera secretaria del Patronato, Victoria Eugenia Chamorro, y con el ex jefe de la Sección Económica y de Contabilidad, José María Visedo. Asimismo, dirige sus pesquisas contra siete nuevas empresas: Heritage-Patrimonio Paisajes y territorio S.L., Novotec Consultores S.A., Deco Desarrollo Cultura S.L., CB Group Formación, Servicio de Intermediación Comercail Nomade S.L., Administración y Gestión de Recursos Granada S.L.U., y Ciringüili S.L., por lo que aumenta a ocho el número de entidades bajo sospecha.

En cuanto a los delitos, si el instructor apreciaba de forma indiciaria prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, ahora suma otros cinco posibles ilícitos "conexos": falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal. Con respecto a la posible organización criminal, el magistrado especifica que estaría "pensada y conformada especialmente por el señor Visedo y la señora Chamorro".

En opinión del instructor, los investigados formaban un "grupo criminal organizado para la adjudicación ilegal de contratos y enriquecimientos personales al margen de la legalidad, contrataciones al margen de la ley y actuando sobre fondos públicos". En síntesis, cree que hubo un funcionamiento "irregular y/o ilegal" en el sistema de contratación de personas y entidades, el cual estaba dirigido a adjudicar contratos que no rebasasen los 59.999 euros para adjudicación directa en unos casos, "y otros por interés personal o invitación, o sin concurso o negociado sin publicidad".

Cree el magistrado que estas prácticas las protagonizaron representantes del patronato y los administradores de varias empresas, "a cambio, entre otras cuestiones económicas", de contratación de personas concretas afines, "y todo ello -añade- en perjuicio de caudales públicos, invertidos en beneficios propios", y no para las actuaciones para las que estaban destinados.