El ex delegado de Empleo y ex director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Eduardo Muñoz, que estaba citado ayer para declarar en calidad de investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que se encarga de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por la Junta, se acogió a su derecho a no declarar, según informaron fuentes judiciales.

El ex dirigente del Gobierno andaluz intentó además esquivar a los medios de comunicación y decidió salir por la puerta trasera del Palacio de Justicia onubense. Sin embargo, finalmente fue localizado y cuestionado por los periodistas que le esperaban, aunque sin fortuna porque Eduardo Muñoz también declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación. El ex dirigente de la Junta ya fue detenido en marzo de 2015, cuando era delegado territorial de Empleo en Huelva, en el marco de la Operación Barrado, en la cual prestó declaración ante la juez Mercedes Alaya, quien posteriormente lo dejó en libertad con cargos.

El jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, José Ángel Gil Flores, también utilizó su derecho a no contestar a la preguntas. Con estas dos últimas citaciones concluye la fase de toma de declaraciones.

Las detenciones de Eduardo Muñoz y José Ángel Gil Flores se llevaron a cabo el pasado mes de marzo tras analizar la utilización de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la Operación Edu. Los agentes investigaron las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Según relata el BOJA, estas subvenciones se concedieron "con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía". Fruto del estudio de estas subvenciones, los investigadores de la Policía acusan a los detenidos de haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Además el juez ordenó a la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizar un informe de la situación patrimonial de los investigados.

La pasada semana la sección primera de la Audiencia Provincial de Huelva admitió la personación de la Junta en calidad de perjudicada en esta causa al estimar el recurso interpuesto por la Administración y la adhesión al mismo por el Ministerio Fiscal contra el auto del 17 de mayo del Juzgado de Instrucción número 5 y que desestimaba a su vez el recurso de reforma contra el auto del 22 de marzo. En consecuencia, revocava ambas resoluciones en el sentido de que la personación de la Junta debe admitirse en calidad de perjudicado.

Tras una vista, celebrada la semana anterior, la sección primera procedió a admitir la personación en este sentido a fin de que el Gobierno andaluz pueda ejercitar las acciones para recobrar los fondos que hayan sido defraudados por los beneficiarios de las subvenciones, ya que es la Junta quien deberá ser "resarcida de los daños sufridos".

La estrategia de la UDEF en esta investigación ha consistido en avanzar de abajo arriba de la pirámide del presunto fraude. Los expertos policiales, comenzaron por la base, entrevistándose con miles de alumnos o profesores que participaron en los cursos, también se investigaron centenares de empresas. El resultado de esas averiguaciones dio lugar a detenciones que afectan a personas que tenían poder de decisión.