El pasado sábado, en Mazagón, fue la última vez que la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, aludió a su polémica incomparecencia ante la comisión que investiga las irregularidades en las subvenciones a la formación para el empleo. Habían pasado cinco días desde su decisión de evitar a los parlamentarios andaluces. Entonces, se limitó a defender la legalidad de su comportamiento. "El Gobierno cumple la ley y la ministra de Empleo siempre cumple la ley", repitió como un mantra.

Ayer, volvió a visitar Huelva, provincia por la que es diputada. En la capital onubense, la ministra dejó de defenderse, pasó al ataque y envió un mensaje al PSOE: "El Parlamento de Andalucía está para informar, para ayudar a los andaluces y no para hacer campaña electoral".

Algo había cambiado entre una y otra declaración. Los letrados de la Cámara andaluza comunicaron el pasado martes que la actuación de la ministra no entraña responsabilidad penal. La comisión se quedó, de este modo, sin la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Supremo, como querían todos los grupos, excepto el PP.

Respaldada legalmente para ignorar a la comisión parlamentaria, gracias a un dictamen elaborado por el Consejo de Estado, que indicaba que el Parlamento autonómico no tiene competencias para controlar a un cargo de una administración superior, Báñez aseguró ayer que "he cumplido con la ley, he colaborado como siempre he hecho en mi vida en la lucha contra el fraude y colaboraré institucionalmente con todas las instituciones que me pidan información".

Además, aprovechó la oportunidad para atacar a la Junta: "¿Dónde está el dinero que se le ha quitado a los parados de Andalucía, quién ha hecho ese fraude y, como dijo el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, quién ha permitido ese gran fraude de la formación en Andalucía?".

Báñez incluso pidió resultados concretos a la comisión, a pesar de no haber acudido a su cita con dicho órgano. Algo que todos los grupos, menos el PP, insisten que debería haber hecho a pesar del informe del Consejo de Estado, que justificaba, pero no le obligaba a ausentarse. "La comisión debe servir para saber a dónde han ido tantos miles de millones de euros para la formación en esta tierra, gestionados íntegramente por la Junta".

Báñez aseguró también que no se explica por qué la Junta, desde que gobierna Susana Díaz, "ha devuelto al Gobierno central el 96% de los más de 625 millones que se han destinado en recursos para la formación de parados", lo que, en su opinión, "es un escándalo sin precedentes hablando de empleo en esta tierra".

La comisión cerrará su primera fase de comparecencias con las intervenciones del próximo lunes y martes, en las que deberán declarar, entre otros, los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y la actual jefa del Ejecutivo, Susana Díaz.