Una decisión sin precedentes en la instrucción de las macrocausas. La juez María Núñez Bolaños ha relevado a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del auxilio judicial en el caso de los cursos de formación y ha encomendado la labor a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

En una providencia del pasado 26 de abril, la juez Bolaños ha encargado en concreto a la Intervención general de la Junta el análisis de los expedientes de subvenciones que se investigan y en especial a “cuantificar de manera individualizada en cada expediente de aquellas cantidades defraudadas mediante la simulación de facturación de los profesores y formadores a través de la mercantil Serpro S. l.”.

De la misma forma, Bolaños ordena a la Intervención autonómica que “cuantifique aquellas cantidades fraudulentamente facturadas por empresas del grupo” del ex consejero andaluz Ángel Ojeda que hayan sido objeto de “justificación en cada expediente”.

En la resolución, la juez requiere a la Intervención andaluza para que designe peritos “en número suficientes” para realizar el informe y comunica a los peritos de la Intervención General del Estado su relevo en la investigación de los cursos.

La decisión de la juez Bolaños viene motivada por la respuesta que el pasado 14 de abril ofreció el jefe de los peritos designados por la IGAE Ángel Turrión, el mismo que interviene en el estudio de los ERE fraudulentos, y en el que daba cuenta de la carga de trabajo encomendada por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en relación con la causa de los ERE.

En su respuesta, los peritos del Estado recuerdan que han emitido ya 190 informes individuales sobre beneficiarios de subvenciones de los aproximadamente 270 que aparecen el desplegable de ayudas sociolaborales elaborado en su día por el IFA-IDEA. En la actualidad, comentan los peritos, están elaborando un informe sobre si las conclusiones obtenidas en los nueve informes de fiscalización emitidos por la Cámara de Cuentas –en los que se analiza la legalidad en el uso de las transferencias de financiación por otras empresas públicas andaluzas-, modifican o no las conclusiones obtenidas en la materia por estos peritos, un informe que está en “fase de finalización”, precisan.

También realizan un informe sobre el dictamen pericial aportado por la defensa de la ex consejera de Economía y ex ministra Magdalena Álvarez, que contradice los informes periciales oficiales, y otros cuatro informes sobre otras tantas empresas beneficiarias de subvenciones.

Igualmente trabajan en otros 80 informes individuales sobre otras subvenciones de las que “sólo se disponía de la documentación relativa a los pagos realizados por el IFA-IDEA” y que, en la mayoría de los casos, ha sido completada con el envío de documentación por parte de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta. Estos 80 informes completarán los 270 que tienen que realizar sobre las subvenciones.

Los peritos informaban a la juez que, salvo que Bolaños dispusiera lo contrario, este equipo pericial debía continuar trabajando en la conclusión de estos informes, y una vez terminados se daría cumplimiento al mandato judicial para investigar los cursos. 

Ante la carga de trabajo que soportan estos peritos, la juez ha decidido relevarlos para los cursos de formación y sustituirlo por otros peritos de la Intervención General de la Junta.