El "control absoluto" del Real Betis. La querella de Luis Oliver contra la juez Alaya considera que la "finalidad real" de las resoluciones que ordenan el establecimiento de la administración judicial, primero mediante un órgano de tres miembros y después con uno solo, consiste en "controlar el gobierno de la sociedad anónima Real Betis Balompié. En los 192 folios de que consta la querella se detallan hasta 26 resoluciones -entre autos, providencias y órdenes verbales a la Guardia Civil- que según el denunciante serían presuntamente prevaricadoras y en las que la magistrada "posterga de manera reiterada la validez del Derecho y de su imperio, quebrantando gravemente la función judicial al sustituir la voluntad de la ley por la suya propia".

Una actuación "deliberada". El querellante sostiene que todas las decisiones adoptadas por la magistrada que detalla en su escrito son "injustas y no pueden fundarse en ninguna razonable aplicación o interpretación de la ley. Los hechos denunciados y las pruebas que sobre ellos se han aportado -las propias resoluciones judiciales- muestran con claridad que la querellada ha actuado de modo deliberado proscribiendo el Derecho, haciendo prevalecer su personal voluntad y particulares finalidades sobre el imperio de la ley, lo que constituye la esencia del tipo delictivo de la prevaricación judicial".

Una "inquisición general" contra Luis Oliver. La querella denuncia igualmente que Alaya ha sometido a Oliver a una "verdadera inquisición general o investigación prospectiva" y le ha causado una "completa indefensión", al negar que éste pudiera pronunciarse sobre la adopción de las medidas cautelares y denegándole la posibilidad de personarse en la pieza separada abierta sobre las cautelares y prohibiéndole el derecho de recurso.

El nombramiento de los administradores judiciales. La querella también cuestiona el nombramiento de los administradores judiciales que, en base a las medidas cautelares de paralización de la venta de las acciones, han gestionado el club verdiblanco durante estos años. El querellante sostiene que Alaya designó "a su antojo" a los administradores judiciales, prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legales prevenidos al efecto". Así, cita expresamente el caso del abogado Francisco Estepa, "letrado del marido de la juez y persona próxima a éste", en alusión al auditor Jorge Castro, quien designó precisamente a Estepa como su abogado cuando estuvo imputado por su trabajo en la administración social de los laboratorios Pérez Giménez.

 Un "doloroso deber". El querellante subraya que "nunca es sencillo formular una querella, más aún contra persona de tanta relevancia como es una juez, pero lo cierto es que los hechos que denunciamos son reales y sin perjuicio del resultado que arroje la instrucción, son claramente integrables en distintos ilícitos penales cometidos por la querellada, por lo que estamos cumpliendo un doloroso deber".

A la espera del informe del Fiscal Superior. La querella contra la juez Mercedes Alaya está actualmente pendiente de la decisión que pueda adoptar la Fiscalía Superior de Andalucía, que en las próximas semanas debe pronunciarse sobre si la misma debe ser admitida a trámite o rechazada de plano, tal y como le solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De momento, el Alto Tribunal andaluz ha iniciado los primeros trámites en relación con la querella, al incoar una "causa especial" contra la juez Mercedes Alaya en la que ha designado como ponente de tramitación al magistrado Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón, el juez que se ha incorporado recientemente a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA. El informe que elabore la Fiscalía Superior no es, en cualquier caso, vinculante para el tribunal, si bien es valorado a la hora de tomar una decisión de investigar o archivar la querella.