El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha imputado a la actual delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, a la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, y al ex delegado de Medio Ambiente y actual parlamentario andaluz Francisco Javier Aragón por su presunta implicación en el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote, a una finca cercana.

El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por un particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.

El PSOE mostró ayer su confianza en la gestión de los delegados de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de los últimos años en Granada y destacó su honestidad, su capacidad de trabajo y su entrega en el ejercicio de las funciones públicas que tenían encomendadas.

La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, confió en que los hechos se esclarezcan "cuanto antes" para disipar todas las dudas sobre quienes han desempeñado sus funciones de forma correcta. "Desde el más absoluto respeto al funcionamiento de la justicia, considero que la imputación es una medida desproporcionada, que crea alarma social y confusión", señaló Jiménez en un comunicado.

El PP de Granada exigió ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, el cese "inmediato e inexcusable" de los altos cargos . La parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García señaló que la presidenta en funciones "no tiene otra salida".