El ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha defendido este jueves en el Tribunal Supremo la “legalidad” del sistema por el que se concedían las ayudas de los ERE, al asegurar que en el ámbito de sus funciones “nunca le comunicó nadie que estos procedimientos vulneraban el Derecho, ni los servicios jurídicos, ni conoció ningún informe” de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de las irregularidades.

En una comparecencia que se ha prolongado por espacio de unas tres horas y media, el diputado socialista ha explicado que tenía el “pleno convencimiento de que las ayudas se concedían conforme a la normativa” y según ha dicho “ha podido comprobar que no solamente se cumplía la ley de subvenciones sino que en el año 2001 y 2002 se dictaron por la Consejería de Presidencia varios decretos sobre las ayudas” europeas, por lo que “sabía que el procedimiento era legal”.

De la misma forma, Zarrías ha defendido la utilización de las transferencias de financiación al IFA/Idea para el pago de las ayudas, por cuanto las transferencias eran una “figura presupuestaria que se utilizaba en la Junta, que constaba en el Presupuesto y también existe en el resto de las administraciones”.

En un reciente atestado enviado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al instructor del Supremo se apunta Zarrías habría presidido ocho sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros –el “consejillo” previo a las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta- en las que se “habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y las modificaciones presupuestarias del programa 31L”, conocido como el fondo de reptiles. Y también habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría “dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió”.

Zarrías explicó ayer que el consejillo es un “órgano colegiado de carácter administrativo y no aprueba nada, no es un órgano político” y ha sostenido igualmente que en ningún momento se puso de manifiesto en esa comisión “que hubiera algún tipo de irregularidad en la concesión de esas ayudas” ni nadie planteó ninguna objeción. “La Comisión no elevaba nada al Consejo de Gobierno que no cumpliera todos los requisitos que marca la ley y que incluyera todos los informes preceptivos y el de la Intervención si era necesario; nunca se manifestó nada y no hubo ningún informe en el que se manifestara algún tipo de irregularidad en estas ayudas”, precisó.

En esta línea, Zarrías se mostró “plenamente convencido” de que las ayudas se repartían con equidad y “a ningún solicitante se le pidió el carné de militancia”. El ex consejero ha dicho que la “generalidad” de esas ayudas llegaron a buen fin y ha minimizado el fraude: “se concedieron en torno a más de 6.000 ayudas sociolaborales y hay irregularidades en unas 200, de las cuales 100 son problemas de carácter administrativo y si existen problemas de mayor gravedad en torno 100 por tratarse de personas que no tenían derecho a las ayudas, de esos 100 que no tienen derecho no llegan a 10 los militantes del Partido Socialista”.

La juez Alaya afirmó en un reciente auto, del pasado 8 de abril, que en el año 2000 y 2001 se elevó al Consejillo un proyecto de decreto para la regulación de las ayudas que fue “guardado en un cajón”. Preguntado por este decreto, Zarrías ha apuntado que los motivos por los que cree que se demoro su elevación al Consejo de Gobierno se debió a que “en el expediente se plantean dudas en cuanto al rango normativo, tanto por los servicios jurídicos como por la Intervención, señalando éstos que la mejor opción era una decisión no del Consejo de Gobierno sino de las distintas Consejerías”. Y añadió que tras unos meses se archivaron en torno a unos “100 temas que se quedaron sobre la mesa y luego se archivaron”.

Preguntado por el convenio marco de julio de 2001 suscrito entre el consejero de Empleo y el IFA que sirvió para conceder las ayudas durante una década, el diputado socialista alegó que lo conoció “cuando se inició la investigación judicial”, ya que antes no le constaba su existencia y “tenía la conciencia de que al igual que el resto de las Consejerías se había dictado la orden correspondiente por parte de la Consejería para regular estas ayudas”.

Zarrías insistió en que el ex consejero Antonio Fernández “no informó” a la Comisión de Viceconsejeros sobre ese convenio, del que “nunca se dio cuenta ni de su desarrollo posterior”, a lo que añadió que lo que sí sabe es que durante el año 2001 se “hizo un esfuerzo importante en la regulación de dichas ayudas”.

Sobre las modificaciones presupuestarias que se trataron en los Consejillos ha afirmado que el régimen de funcionamiento de las modificaciones es “puramente administrativo” y se elevaba al Consejo “si cumplía todos los requisitos”, por lo que no tenía razones para pensar que se hubiera producido ninguna anomalía en las más de un millar de modificaciones que pasaron en el periodo 2000-2012. Según el imputado, todas las modificaciones presupuestarias que elevó al Consejo contaban con el “informe favorable” del interventor, en caso contrario, no se hubieran elevado, precisó Zarrías, que agregó que en el consejillo no se discuten partidas presupuestarias ni ninguna cifra.

Al igual que defendió el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán en su declaración ante el Alto Tribunal, Gaspar Zarrías afirmó que el entonces consejero de Hacienda puso de manifiesto que se recogían “todas las cuestiones que el interventor entendía que se tenían que poner en marcha para evitar irregularidades” y recordó que en todas las referencias que se producían “se iban incrementando los mecanismos de control financiero en función de lo que había dicho el interventor” y se le daba a éste además la capacidad de adoptar las medidas que considerara oportunas si las Consejerías no cumplían con las medidas que se contenían en esos planes”.

En cualquier caso, aseveró que “nunca” le llego un informe de la Intervención ni tuvo conocimiento de su existencia, porque “nadie se lo comunicó y era total desconocedor de la existencia de esos informes”, al tiempo que insistió en que el consejero de Economía “siempre reiteraba” que si la Intervención detectaba alguna irregularidad “tenía el informe de actuación”.

Preguntado sobre las vinculaciones que la Guardia Civil le atribuyen con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, el ex consejero ha señalado que lo conoció en los años 1994-1995 porque era el representante de la Federación Agroalimentaria de UGT, pero ha negado que sea “su mentor ni su jefe”, en alusión a un mensaje de texto encontrado en el disco duro del ex sindicalista. Su relación con el conseguidor de los ERE “no es personal sino tangencial y siempre ligada a los problemas de Primayor”, empresa en la que Lanzas actuaba como asesor del comité de empresa, dijo Zarrías, que precisó que su labor era la de “intermediación política para que la actividad de la empresa continuara y no dejar en el desamparo a los trabajadores”.

Zarrías concluyó su declaración ante el Supremo rechazando la exposición razonada que elevó la juez Alaya porque, a su juicio, las afirmaciones que incluye “no se corresponden con la realidad”, y añadió que “en toda su etapa de servidor público ha intentado que todo se produjera conforme a la ley, las normas y el Estado de Derecho”.

El instructor tomará declaración el próximo martes al último de los cinco aforados cuya competencia asumió el Supremo, la ex consejera de la Presidencia María del Mar Moreno.

Los consejillos "no tenían poder decisorio"

En declaraciones a los periodistas tras su declaración en el Supremo y en una breve intervención en la que no ha aceptado preguntas, Zarrías ha dicho que ha dejado "claro" ante el instructor Alberto Jorge Barreiro que los consejillos que presidía "no tenían poder decisorio" y solo elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban "plenamente aceptados por la legalidad". "En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y por ello (eran), perfectamente ajustados a derecho", ha incidido el que fuera consejero de la Presidencia.

En su breve declaración ante los medios de comunicación, Zarrías ha dicho que siempre ha trabajado para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos y que así lo seguirá haciendo. "Mi obsesión durante mi vida política, tanto en la Junta como diputado del PSOE por Jaén, ha sido estar al lado de la gente, conocer sus problemas y colaborar en su solución", ha manifestado. "Esa ha sido mi máxima y mi objetivo durante toda mi vida y va a seguir siéndolo", ha subrayado.

Zarrías ha mantenido que era para él "un día de sentimientos encontrados" porque para una persona "honrada" no es "agradable" tener que declarar ante un tribunal "aunque lo haya hecho de forma voluntaria". No obstante, ha afirmado sentir "alivio" al haber podido, "después de mucho tiempo", dar explicaciones ante el juez instructor y "responder a todas y cada una de las preguntas planteadas".