Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que desde el pasado miércoles están respondiendo ante la juez Alaya sobre su análisis de las ayudas de los ERE fraudulentos llegan a la conclusión de que hubo un "descontrol absoluto" en el pago de estas ayudas.

Así respondieron cuando la juez Mercedes Alaya les preguntó a los cuatro peritos sobre cuáles fueron las "consecuencias previsibles" del uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas. Según los expertos, la primera consecuencia fue que el procedimiento se quedó "sin fiscalizar" y ello se debió a que el interventor de la Consejería de Empleo "lo único que fiscaliza es la transferencia de financiación, es decir, que exista crédito de transferencia de financiación, que el dinero vaya al IFA y que haya un plan de Tesorería acordado con la Dirección General de Tesorería de la Junta". Pero esos requisitos, continúan, no tienen nada que ver con el procedimiento de concesión de subvenciones que establece, además de la necesidad de créditos presupuestarios que estén ordenados por la autoridad competente, "que existan bases reguladoras de la subvención, que estén reguladas las obligaciones del beneficiario, etc; y en definitiva todos los requisitos que exige la Ley General de Subvenciones como los Reglamentos de Subvenciones de la Junta de Andalucía, y por supuesto la Ley General de Hacienda Pública de la CCAA, y demás normativa de desarrollo".

Los peritos añaden que se trata de un tema que trasciende del puro derecho administrativo, por cuanto la la Administración se rige por las normas de Derecho Administrativo y "el incumplimiento de tales normas, ha llevado al descontrol absoluto en el pago de las ayudas. Lo que era esa falta de control, esa cuestión que parece puramente formal o administrativa como es que el interventor fiscalice, habría evitado que las ayudas se dieran sin control alguno, llegando a la situación que se conoce por estas Diligencias Previas y por la prensa", afirmaron los peritos de la Intervención.

Sobre la ausencia de fiscalización, los peritos recuerdan un fax del gabinete del consejero de Empleo en el que se destaca lo siguiente: "la alusión a la elusión del tramite de control financiero, no parece muy preciso que se resalte en unas conclusiones. Puede ser una pretensión o un efecto implícitamente buscado, pero no conviene destacarlo".

Ponen como ejemplo el caso de las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, donde ese concedieron ayudas por parte del Estado y de la Junta. El estado subvencionó a los mineros con 35 millones pero lo hizo "siguiendo el procedimiento administrativo correcto, haciendo cada año un expediente por la parte anual que fue fiscalizado". Y todo ello sin necesidad de ningún tipo de entidad colaboradora ni de asistencia técnica, de lo que se desprende a juicio de los peritos que "era absolutamente innecesario pedir la asistencia técnica de IFA para la materialización de las ayudas". 

Los peritos constatan el "uso inadecuado e improcedente" de las transferencias de financiación y dejan claro que esta partida "no tiene ningún otro destino que la cobertura de pérdidas de una empresa, ni lo tiene, ni lo ha tenido nunca". En este sentido, señalan que es es cierto que es contrario a la ley que IFA/IDEA recibiera transferencias de financiación para el pago de subvenciones del programa 31.L, por cuanto las transferencias de financiación, "como han dejado claro 19 Leyes de Presupuestos, la Ley 15/2001, la Ley 8/1997, sólo pueden destinarse a la cobertura de pérdidas de una entidad, sin más".

Para los peritos, no hay un concepto presupuestario más regulado que éste, por lo que las transferencias de financiación "en ningún caso pudieron utilizarse para el pago de subvenciones sociolaborales excepcionales ni para ninguna otra finalidad".

Cuando Alaya preguntó a los peritos si las "altas jerarquías" de la Junta conocían el uso inadecuado del sistema, los peritos destacaron que el interventor "avisó de los problemas que están teniendo las transferencias de financiación, que impiden el reintegro e impiden la fiscalización previa de las operaciones que encubren", algo que fue comunicado al Consejo de Gobierno y en base a este documento, entre otros, se adoptó el acuerdo para el año 2007 y sucesivos.