La Fiscalía considera que la ex alcaldesa de Jerez (Cádiz), Pilar Sánchez (PSOE) fue la "cabeza pensante" de un plan para beneficiar a la empresa sevillana TISA para que no sólo se instalara en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA), cuando su actividad no iba en consonancia con el propósito de este enclave industrial, sino que también se acogiera a una subvención para que la parcela que compró le saliera más barata.

Ayer, en la penúltima sesión de la vista oral por el caso PTA el fiscal Manuel Arjona reiteró la argumentación que ha mantenido durante la instrucción y posterior procesamiento de esta causa. En sus conclusiones, solicitó a los magistrados que dicten una sentencia "ejemplar" ante un caso donde "unos gobernantes decidieron de manera discrecional una subvención y utilizaron a los técnicos de una manera inconcebible para una administración". De hecho, Arjona subrayó que la concesión de la ayuda económica se hizo "irregularmente saltándose toda normativa de manera grotesca y grosera".

El fiscal situó a Sánchez como la "responsable que ordena y manda" para que se beneficiara a la firma y que participó "de manera activa" en el proceso para concederle la subvención, de ahí que se esforzara en evitar que hubiera informes técnicos "con reparos", una de sus principales líneas de defensa en este juicio.

La Fiscalía, tal y como se conoció el martes, mantiene la petición de pena de siete años de prisión para la anterior regidora por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude a la administración en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. Mientras para los ex ediles Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez reclama penas de cuatro años y medio y cinco años y medio de cárcel, respectivamente, al ser los "brazos ejecutores" de Sánchez.