Fraude en la formación

Anticorrupción replica a Alaya que su ámbito de actuación no es andaluz

  • Solicita que el cese inmediato de la investigación se ciña a la investigación de esta juez y no a las que se desarrollan en cada provincia "bajo la suprema autoridad" de cada órgano judicial.

La Fiscalía Anticorrupción recurre la decisión de la juez Alaya de arrebatar la investigación de los cursos de formación la Policía Nacional. El Ministerio Público ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que solicita que por parte de la instructora “se exija igualmente la coordinación al debido nivel entre ambos cuerpos [Policía y Guardia Civil] en lo que al objeto procesal de estas investigaciones se refiere y siempre en aras al buen fin de la investigación, tanto en las actuaciones ya practicadas como en las que pudieran realizarse en el futuro”.

En el recurso, la Fiscalía pide igualmente a la instructora que se “complemente” en requerimiento efectuado al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, en el sentido de que “solamente se extienda a aquellas investigaciones objetos del presente procedimiento” el cese inmediato de las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y “no a aquellas que se desarrollan en cada provincia bajo la suprema autoridad de los respectivos órganos judiciales”.

El Ministerio Público recuerda el inicio de la investigación de los cursos –en el que la Junta cuestiona ahora la competencia de Alaya- al señalar que el juzgado número 6 de Sevilla inició las pesquisas con un auto del 12 de septiembre de 2013, dictado en el seno de las diligencias previas 174/11 (el caso de los ERE fraudulentos), y que dio lugar a las 6344/13. En el seno de estas últimas diligencias, precisa el fiscal, se profundizaba en la trama de los llamados expedientes de subvenciones de los fondos de formación, a los que se adjuntaba las declaraciones de Teodoro Montes, jefe del departamento de Formación Profesional Ocupacional de la Delegación del SAE de Sevilla. 

 

Esta causa, la 6344/13, fue dividida a consecuencia del auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 5 de marzo de 2014 –que envió al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla la parte de las facturas falsas del sindicado UGT-A-, y quedó escindida en otras, entre ellas las diligencias 966/14 en la que se investiga la denuncia de Teodoro Montes, una causa que fue posteriormente ampliada mediante la remisión de las diligencias de la Fiscalía Superior de Andalucía y de la Fiscalía de Sevilla, donde se ponían de manifiesto “irregularidades en la concesión, gestión, seguimiento y justificación de subvenciones en expedientes relativos a la formación en general tras la publicación del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía”, precisa ahora el fiscal. 

 

Igualmente se acumularon mediante la incorporación del Informe de la Inspección Central de Trabajo, las conclusiones acerca de las irregularidades de las subvenciones concentradas en el entramado societario del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda

 

Pero de forma “paralela” a esta investigación de Alaya y “en meses anteriores se han venido desarrollando investigaciones por la Brigada Central de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía en la llamada operación Edu, donde se ponían de manifiesto igualmente irregularidades en la concesión, gestión y justificación de estos fondos”. Estas diligencias, en principio de la Fiscalía de Málaga, quedaron divididas en distintos procedimientos y fueron turnadas y remitidas a fiscalías y juzgados de las distintas provincias andaluzas.

 

La Fiscalía señala que en estas investigaciones provinciales –donde se indagan las irregularidades en expedientes acordados por las distintas delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo- es donde está actuando la UDEF de la Policía Nacional, por lo que estas diligencias instruidas en distintos juzgados de la comunidad “no pueden tener el mismo ámbito, que las actuales, donde se investiga prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en el seno de la Dirección General de Formación” de la Junta. 

 

El fiscal reconoce que estas otras investigaciones distintas a las de Alaya “pueden tener un punto coincidente, consistente en un grupo de subvenciones, que bajo el nexo común de la persona, ente o grupo beneficiado, pueda haber percibido subvenciones de distintos programas, unos de la Dirección General y otros de la Delegación Provincial”, pero en ese caso y por el criterio de “conexidad” que establece el art. 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “se deberá atender a aquel órgano que investigue delito al que se le asigne pena mayor o en su caso al primero que abriera las diligencias según el artículo 18”, asevera el recurso de la Fiscalía. Este caso se produciría con el grupo de empresas de Ángel Ojeda, que “parecen haber sido beneficiarios de subvenciones de distintos programas, tanto de la dirección general como de las delegaciones provinciales”.

 

En cualquier caso, la Fiscalía aclara que “compartiendo el criterio de la instructora de que no pueden existir dos investigaciones paralelas realizadas por ambos cuerpos, bajo el amparo de cese de investigaciones de la UDEF acordada por su señoría en el auto impugnado, no pueden encontrarse aquellas que legítimamente se encuentran en proceso de investigaciones en otros órganos competentes”.

 

El fiscal recuerda que la ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recoge en su artículo 3 que  los miembros de estos cuerpos “ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos” que establece la ley, y añade que “es claro” que en uso de sus legítimas potestades, la autoridad judicial “puede encomendar la investigación del objeto procesal a un determinado cuerpo y unidad especializada”.

 

“Las discrepancias que puedan existir entre diversas instituciones del Estado, deberán encontrar sus vías de resolución a través de la comunicación fluida, honesta y completa, prevaleciendo finalmente, y en todo caso, el criterio de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, según el supuesto de que se trate”, recuerda el fiscal citando una sentencia del Supremo de 18-2-14. 

 

Y concluye que la solución por tanto a “la existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio con funciones similares y, al menos parcialmente comunes, obliga necesariamente a la cooperación recíproca y a su coordinación, siempre en un marco de lealtad que debe imponerse en un  sistema constitucional como el nuestro”. 

 

La semana pasada, la juez Mercedes Alaya acordó dirigir un oficio al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, al que ordena que deje de investigar los hechos relacionados con los cursos de formación para que sea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que lleve a cabo dicha investigación.

En el auto, Alaya dirige el oficio al responsable de la Policía para que “cesen de inmediato las actuaciones” que hasta ahora venía desarrollando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que a principios de la Policía Nacional comenzó a interrogar a unas 3.000 personas –entre alumnos, profesores y otros testigos que pueden contribuir a esclarecer los hechos- en distintas provincias andaluzas en el marco de la investigación de la denominada Operación Edu, sobre el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para desempleados concedidas por la Junta de Andalucía. 

Alaya, con este auto que ahora ha recurrido la Fiscalía abortaba la actuación de la Policía y dejaba la investigación en manos de la UCO, la unidad de su confianza y con la que trabaja desde hace años en el caso de los ERE fraudulentos, todo ello con el argumento de que se está poniendo “en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas”.

Alaya explicaba que la UCO puso de manifiesto que la Policía seguía actuando en diferentes lugares de Andalucía, tomando testimonio en lo relativo a la investigación que lleva el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y “expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma”. Alaya constataba en su resolución la Policía sigue actuando, tomando declaraciones y recogiendo documentación, y recuerda la detención, en agosto pasado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, una causa que al final ha sido remitida por el juzgado de Cádiz a Alaya. 

La instructora señala que la Policía actuó en un asunto que “era objeto de investigación” por parte de su juzgado y eso tuvo “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación, y de actuación inadecuada difícilmente recuperable”, por lo que insiste en el registro de poner en peligro las investigaciones sobre los cursos de formación.

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