Unos 29.400 millones de euros. El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015 "rondará" esa cantidad, según desveló ayer el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. A preguntas de los periodistas en unas jornadas feministas , el coordinador general de la formación sorprendió al ofrecer una cifra sobre el proyecto de Presupuestos que se aprobará el próximo martes por el Consejo de Gobierno, un anuncio completamente inusual, más si procede de un responsable orgánico y no de un miembro del Gobierno.

Maíllo lleva semanas, sin éxito, liderando la exigencia de un ente público de crédito (o banca pública) vinculado a los Presupuestos. Al ser preguntado por esta reclamación, Maíllo no sólo exigió que se vincule el proyecto el próximo martes a los Presupuestos, algo que parece improbable y que aplazó hasta dentro de dos semanas el propio vicepresidente, Diego Valderas, de su misma formación, sino que ofreció la primera estimación global sobre las cuentas. En IU no quisieron hacer más comentarios; tampoco el PSOE se pronunció sobre la estimación.

Esta cifra es inferior a los Presupuestos de este año, que se quedaron en 29.619 millones, los más bajos desde 2007. Supondría sobre un 1% menos, prácticamente, una congelación. En junio, la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, atisbó unos presupuestos "expansivos" y durante semanas el giro del Gobierno rotó sobre esa previsión.

Esta euforia se frenó en julio al conocerse las transferencias que se remitirán desde el Gobierno por el sistema de financiación y que, sumado a la reducción del objetivo de déficit para el próximo años de un 1% a un 0,7%, suponen unos 600 millones de euros menos para cuadrar las cuentas, una merma que tiene que ver con las situación económico y los compromisos adquiridos con Bruselas, pero que la Junta achaca directamente al "maltrato" del Gobierno del PP.

Pese a que finales de agosto la propia presidenta aireó la posibilidad de un adelanto electoral, las semanas que siguieron fue Susana Díaz fue la que acaparó los titulares con avances sobre el Presupuesto (casi en idéntico escenario, las sesiones de control en el Parlamento). La última se produjo esta semana con el crecimiento de las políticas de educación en 120 millones. Antes fueron el restablecimiento de las pagas extra a los empleados públicos, la devolución progresiva de la jornada completa a los eventuales sanitarios, el aumento de 90 millones para obras públicas o la devolución de las pagas a los trabajadores de las empresas públicas.

Maíllo, que siempre ha recordado que el Gobierno lo componen dos formaciones, PSOE e IU, ha sido el primero esta vez en ofrecer una cifra global, aunque sea una estimación y haya que esperar al martes para conocer la cifra definitiva.

El próximo presupuesto tiene los condicionantes conocidos de un mayor gasto por la recuperación de las pagas extra y menores ingresos por parte del Estado y por la mayor presión del objetivo de déficit.

La Junta tiene que buscar nuevas fuentes de ingresos, como serían la venta de más activos. Además, el pago de los intereses se reducirá unos 295 millones de euros, según fuentes de la negociación, lo que alivia la presión sobre los ajustes y permite asumir compromisos como las pagas extra. En principio, sólo crecerán las partidas de educación, sanidad, políticas sociales y obra pública.

El año pasado IU tensionó la cuerda hasta el último momento con una reunión a última hora en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia, donde los dirigentes de IU llevaron una serie de "condiciones" para dar su apoyo al proyecto de Presupuestos. Días más tarde IU se arrogó el éxito de que el gasto en capítulo de personal se mantuviera intacto, sin un ajuste adicional a los empleados públicos.

Días antes la polémica procedió por parte del PP, que conoció gracias al informe del Consejo Consultivo algunos detalles de las cuentas, como que se congelaría la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad o que se mantendría el recorte sobre los sueldos de los funcionarios, además de que un año más no se provincializarían los presupuestos.