No ha sido un trámite sencillo que el popular Miguel Arias Cañete pasara el filtro de la audiencia pública ante los eurodiputados de Medio Ambiente e Industria para convertirse en el nuevo comisario de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea para los próximos cinco años; las dudas sobre los negocios familiares en el sector del petróleo y el reproche al dramático recorte que el Gobierno español del que ha formado parte hasta hace unos meses ha ejercido en su apoyo a las energías renovables casi dan al traste con la aspiración del ex ministro de Agricultura y Medio Ambiente de regresar a Bruselas como parte del Ejecutivo comunitario.

Pero a falta de que el próximo miércoles el Parlamento Europeo apruebe, previsiblemente, el colegio de comisarios propuesto por el conservador luxemburgués Jean Claude Juncker, el dirigente popular ya es el nuevo responsable de reconducir la política energética de la UE y de luchar contra el cambio climático.

Además de la nueva forma de trabajar en la Comisión y la necesidad de trabajar con ética y transparencia, la carta con las misiones asignadas a su cargo expone que Arias Cañete, en colaboración con la vicepresidencia de Energía, debe promover las inversiones de los países miembros en infraestructuras para las energías renovables y desarrollar políticas que logren el liderazgo de la UE en este sector.

Acaso sea éste uno de los asuntos más delicados de su cartera, dado el viraje que España ha dado a estas políticas, especialmente desde la aprobación el pasado junio por el Consejo de Ministros del decreto que reforma el sistema de primas a las energías renovables y que se traduce, en la práctica, en una grave reducción de la aportación del Estado a las empresas del sector. Un dato da la medida de la fuerte contestación que ha tenido la reforma en España: según ha contabilizado el blog El BOE nuestro de cada día, hasta la fecha el Tribunal Supremo ha admitido a trámite 272 recursos a este decreto presentados por empresas como Iberdrola Renovables, Ence, Enel o la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

Con sus matices, la decidida apuesta por las energías renovables -hidráulica, solar, eólica, marina y un amplio etcétera- es una vocación a la que aspira el nuevo Ejecutivo comunitario que será respaldada ampliamente por los distintos grupos políticos de la Eurocámara.

Para la socialista sevillana Soledad Cabezón, miembro de las comisiones de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo -y eurodiputada que, como el resto del PSOE y en contra del voto de los socialdemócratas europeos, rechazó la designación de Arias Cañete como comisario- "hasta 2011, España había puesto a Europa a la vanguardia del sector, creando más de 100.000 puestos de trabajo".

Con el discurso de presentación del ex ministro ante las comisiones que evaluaron su idoneidad para el puesto se evidencia, sostiene la sevillana, que "la derecha europea parece ser consciente ahora que no había que demonizar, y menos ideológicamente, a esta forma de energía, ni tampoco el autoconsumo" por lo que "el nuevo comisario tendrá que enmendar el discurso propio del Ejecutivo de Rajoy y recobrar el sentido común, veremos si sanciona a España al respecto".

La eurodiputada popular Pilar Ayuso, perteneciente a la comisión de Medio Ambiente, también ve conveniente "orientar los sistemas de apoyo a las energías renovables cada vez más al mercado para beneficiar al consumidor a medida que alcanzan los umbrales de rentabilidad".

La gaditana Teresa Rodríguez, número dos de Podemos (formación integrada en la cámara europea dentro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea -Izquierda Verde Nórdica), aspira a que España vuelva a ser "puntera" en el campo de las renovables. A su juicio, "la inversión en nuevas formas de obtener energía favorecen de manera directa e indirecta a la sociedad con retornos en desarrollo y empleo y al entorno de manera inmediata" y, desde el punto de vista económico y social, "es un sector de alto valor añadido porque permite crear empleo de calidad".

Así lo ve también la eurodiputada por Izquierda Unida Paloma López Bermejo, que a la apuesta por las renovables añade una necesaria regulación de la fractura hidráulica: "Lamentablemente las energías fósiles seguirán jugando un papel dominante, se ha renunciado a establecer un marco regulador para el fracking, anteponiendo los intereses de las empresas gasísticas a la salud y el medio ambiente. Se insiste en el desarrollo de la liberalización de los mercados energéticos, pese a que el libre mercado ha demostrado su incapacidad para lograr un desarrollo sostenible".

En este escenario, como una de las grandes tareas, Juncker ha pedido al español que impulse el desarrollo del mercado único de energía, un aspecto que se ha puesto especialmente de relieve con la reciente crisis de Ucrania por la enorme dependencia exterior que maniata a Europa.

El avance en el mercado único de energía pasa, en opinión de Cabezón, por "una clara voluntad política que desbloquee, tanto física como desde el punto de vista de las regulaciones, la red de interconexiones", en referencia al bloqueo que sufre la Península Ibérica respecto a Francia.

Para Ayuso las interconexiones energéticas entre países son importantes "no sólo para el mercado interior y la seguridad del suministro, sino también para mejorar la capacidad de nuestros sistemas de electricidad para absorber una mayor producción de energías renovables". Y en concreto sobre el caso español, la popular ve es "imprescindible" la realización "de las interconexiones energéticas de la península Ibérica con Francia, tanto en electricidad como en gas", entre otras razones, por el propio papel de España como punto estratégico. Porque aunque "la capacidad de interconexión con Francia está siendo incrementada, seguirá siendo baja en comparación con otros países de la UE. Para poder aumentar nuestra capacidad renovable y contribuir a la reducción de emisiones, necesitamos un mayor grado de interconexión" opina. En segundo lugar, en vista de las tensiones en Ucrania, la diputada popular advierte que "España puede poner a disposición de la Unión Europea el gasoducto con Argelia y nuestra gran capacidad de importación de gas natural licuado. En un escenario extremo de ruptura de suministro en el este de Europa, España y Portugal serían los únicos países de la UE sin problemas. Para que la Unión pueda aprovechar esta ventaja es necesario aumentar la capacidad de exportación de gas a través de Francia".

Sin embargo, esta apuesta por el mercado único provoca reticencias entre las fuerzas de izquierda de la Eurocámara. Para la representante de Podemos "el problema de construir un mercado único será que los intereses de las grandes empresas energéticas se impongan a las necesidades de los ciudadanos" por lo que propone "no hacer un modelo al servicio de las grandes multinacionales, sino recuperar el control ciudadano sobre un sector estratégico".

Desde IU, López Bermejo aboga por "ejercer un control democrático y social y fortalecer el concepto de servicio básico del abastecimiento energético con carácter social para hacer frente a la pobreza energética que afecta a mas de 60 millones de personas en la UE".

Que el ciudadano ocupe el centro del discurso y no los intereses de las multinacionales es clave en la Conferencia del Clima de París en 2015, que vendrá a sentar las bases de los compromisos de los países en la lucha con el cambio climático. Para Pilar Ayuso, la prioridad de esta cita será "la negociación de un acuerdo internacional de reducción de emisiones".

En enero de 2014, el Ejecutivo saliente de Durao Barroso fijó como pilares del marco de la UE en materia de clima y energía para 2030 una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990, un objetivo vinculante a escala de la UE de al menos un 27% de energías renovables y unas ambiciones renovadas en materia de políticas de eficiencia energética.

Arias tiene sobre la mesa la titánica tarea de arrancar acuerdos vinculantes a los socios europeos pese a las dudas que se ciernen sobre su compromiso verde. Eso, al menos, es lo que subraya Teresa Rodríguez, que opina que la cartera de Energía y Acción Climática "estará en manos de un barón del petróleo, cuya familia sigue controlando varias empresas pertroleras a través de un holding familiar". Un sambenito del que sólo le podrá librar las medidas que impulse desde Bruselas a partir de ahora.