Los abogados de Pedro Pacheco ya trabajan en la redacción de la solicitud de indulto para evitar el ingreso en prisión del ex regidor jerezano o, al menos, postergarlo lo más posible. Desde que se hizo pública el pasado viernes la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a cinco años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos, falsedad de documento público y prevaricación en la contratación de dos asesores entre 2005 y 2007, ya se preveía esta posibilidad que ayer se confirmó.

Desde el entorno de Pacheco se apuntó que el ex alcalde dará este paso una vez que la sección octava de la Audiencia Provincial reciba el fallo del Supremo y, acto seguido, elabore la correspondiente ejecutoria ordenándole su inmediato ingreso en prisión. A partir de ahí, los abogados contratados por Pacheco -será un bufete domiciliado en Madrid quien lleve estos trámites- tendrá que apresurarse en realizar un doble procedimiento.

Por un lado, deberá registrar la solicitud ante el Ministerio de Justicia, una medida de gracia que está en manos del Consejo de Ministros. Y, por otro lado, tendrá que dirigir un escrito a la Audiencia Provincial reclamando que permita a Pacheco seguir en libertad mientras el Gobierno central analice el caso.

El indulto permite al Gobierno central, en nombre del Rey, la remisión total o parcial de la pena fijada a un condenado con sentencia firme, una medida discrecional donde pesa más la decisión política que las argumentaciones jurídicas. De hecho, y aunque en este trámite se suele pedir la opinión de los tribunales sentenciadores y de la Fiscalía, la última palabra la tiene el ejecutivo. El indulto supondría a Pacheco eludir la cárcel pero seguiría obligado a devolver el dinero malversado a las dos empresas municipales con las que contrató a José López y a Manuel Cobacho -Speed Festival y Emusujesa-.

Sin embargo, lo que urge al ex alcalde es eludir el ingreso inmediato en prisión, que podría aplazarlo con una excepcionalidad que contempla el Código Penal para determinados casos. En este caso deberá ser la sección jerezana de la Audiencia Provincial la que determine si se dan las circunstancias para permitir esta posibilidad.

Las fuentes consultadas por este periódico apuntaron ayer que tampoco se descarta que los otros dos condenados, José López y Manuel Cobacho, también soliciten la medida de gracia ya que la pena impuesta también les obliga a ingresar en prisión al superar los dos años -el primero a dos años y 10 meses y el segundo a dos meses y tres años-.

Mientras tanto, y con el objetivo de respaldar esta petición, allegados al ex alcalde han comenzado a reunirse para tratar de concretar una campaña de apoyo. Para ello no se descarta realizar distintas medidas entre las que se encontraría una recogida de firmas e, incluso, hablar con los grupos políticos para que el pleno municipal realice un pronunciamiento al respecto. No obstante, aún están por concretar las actuaciones así como los portavoces de esta plataforma.

Tampoco se descarta que los condenados decidan emprender otras medidas legales además de la petición de indulto, pero estas no conllevarían la suspensión cautelar del cumplimiento de la pena. Así, por un lado, se baraja presentar un incidente de nulidad de sentencia ante el propio Supremo, cuyo rechazo supondría elevar al Constitucional un recurso de amparo. No obstante, será una posibilidad que se decidirá en las próximas semanas puesto que aún debe valorarse si tiene o no el suficiente sustento jurídico.