Un grupo de 14 ex trabajadores de las Minas de Alquife ha presentado ante la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, una denuncia por las subvenciones públicas concedidas a las instalaciones, cerradas desde 1996, contra 39 personas, entre las que se encuentran cinco ex consejeros de la Junta de Andalucía.

La querella se dirige contra Francisco Vallejo, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Martín Soler y Antonio Ávila; y también contra el actual titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, a los que los ex mineros atribuyen estafa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos.

Entre los denunciados, también figuran el ex presidente de la Diputación de Granada Antonio India, directivos de las empresas Minas del Marquesado SLL y Minas de Alquife Holding, representantes de UGT y CCOO, los responsables de la Compañía Andaluza de Minas, inspectores de Trabajo, un juez de lo Social de Granada y otros cargos de la administración autonómica.

Los ex trabajadores aseguran que la Junta de Andalucía ha inyectado dinero público a las empresas Minas del Marquesado y Minas de Alquife Holding pese a que desde su constitución "hasta nuestros días" no han desarrollado ninguna de las actividades por las que se justificaba su creación, "y no han contribuido al desarrollo de la comarca, como han venido anunciando desde hace tiempo a través de diferentes plataformas y medios de comunicación".

La denuncia tiene su origen en el proceso de liquidación y adjudicación de los bienes de todo tipo de la extinta Compañía Andaluza de Minas, quebrada en 1996, y de la que se creó la Compañía Limitada Laboral Minas del Marquesado, donde las participaciones sociales de todos los que la constituyen son de carácter laboral, y para la que estos mineros firmaron un contrato de Cesión de Derechos de Créditos de los que pudieran ser beneficiarios.

Los responsables de Minas de Alquife SLU y Minas de Alquife Holding negaron rotundamente "haber solicitado, ni recibido un solo euro procedente de ninguna administración pública, en ninguna de sus formas".

El alcalde de Alquife, Benito Ruiz Gámez (PP), achacó la denuncia a la "envidia" del anterior propietario de las Minas de Alquife, Manuel Sánchez Ferrer, que vendió la explotación en 2008 a la firma holandesa con capital alemán.