Según el Índice de Transparencia de las comunidades autónomas (Incau), la comunidad autónoma menos transparente de España es Madrid, frente a las autonomías de Castilla y León, Cataluña y País Vasco, que son las que cuentan con mayor transparencia. Este informe presentado ayer y elaborado por Transparencia Internacional España refleja que la puntuación de Andalucía bajó en cinco puntos en los últimos dos años, ya que en el 2012 era de 92,5, mientras que este año mantiene el nivel del 2010 con los 87,5 puntos. Con todo, la comunidad alcanzó el máximo de valoración en áreas como las contrataciones de servicios, obras y suministros y la relativa a las materias de ordenación del territorio, urbanismmo y obras públicas.

El documento destaca que las comunidades han vuelto a mejorar en conjunto sus resultados globales, ya que la valoración media de las 17 autonomías es de 88,6 sobre 100, mientras que en el anterior informe del año 2012 dicha puntuación fue del 79,9 y en el primero, del año 2010, de 71,5. Según el Índice, Madrid es la comunidad peor valorada con un 65,0 sobre cien, le sigue en peor puntuación, Murcia (78,8) y Canarias (80,0). Entre las comunidades con sobresaliente figuran Castilla y León, Cataluña y País Vasco (todas ellas con 100).

Manuel Villoria, uno de los autores del informe, resaltó que cada vez existe "mayor preocupación por la transparencia en todas las comunidades" y la mejoría experimentada "es fruto de un gran trabajo". El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, subrayó además que en esta edición se ha puesto de manifiesto un mayor grado de preparación informativa y cumplimiento en la publicación de los indicadores relacionados con la nueva Ley de Transparencia, ya que la media general obtenida ha sido de 86,8, mientras que en 2012 la media fue de 72,2. Para Lizcano, "la transparencia no es una cuestión de color político sino de actitud".

El Incau demuestra que las autonomías son las más transparentes respecto a las demás instituciones públicas, que también han registrado una evolución positiva, según Lizcano. Apuntó que sólo se valora si la información requerida está o no disponible, pero no se evalúa la calidad de las información publicada, ni tampoco la calidad de la gestión de los gobiernos de las comunidades. Los autores del informe han atribuido la bajada en la puntuación de algunas comunidades a la adaptación de la ley de transparencia, así como a la reducción que se ha producido en el número de funcionarios.