Una instrucción tan compleja y prolongada como la de los ERE fraudulentos, que lleva más de tres años de investigación, da lugar a que se produzcan muchas situaciones procesales entre el juez que instruye la causa y el tribunal que revisa su actuación a través de los recursos que presentan la Fiscalía y los abogados defensores.

En el caso de los ERE, con 200 imputados y una investigación que acumula más de 300.000 folios -incluidos los anexos de documentación-, los recursos son múltiples teniendo en cuenta el elevado número de defensas y las decisiones que pueden ser objeto de recurso. Todos los recursos van a parar a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla -el mismo tribunal que enjuició y condenó a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo-, a la que correspondió este cometido por turno de reparto entre las cuatro Secciones Penales que hay en Sevilla.

Analizando la tendencia de resolución de los recursos, sobre todo los de mayor enjundia para el proceso, puede sostenerse que en la última fase de la instrucción de los ERE el tribunal ha corregido a Alaya en aspectos importantes. En cuanto al fondo de la investigación, es decir, el menoscabo de los fondos públicos producidos por la utilización de un procedimiento que la instructora considera ilegal para la concesión de las ayudas, el tribunal ha avalado en líneas generales los planteamientos y argumentos de la magistrada.

Los principales varapalos de la Audiencia están más relacionados con las formas y las garantías procesales de los imputados. La última resolución del tribunal corrigiendo a la instructora data del pasado 27 de junio, cuando la Audiencia dictó dos autos en los que ordenaba a Alaya que requiera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -que actúa como Policía Judicial a sus órdenes- la "entrega inmediata" de 13 declaraciones que no habían sido trasladadas a las defensas de los imputados y que llevó a un abogado de dos ex altos cargos a criticar a la magistrada de "inquisitorial" por instruir la causa "a espaldas" de los imputados.

Quizás uno de los varapalos más importantes que la Audiencia ha dado a la instructora en los últimos meses tuvo lugar en marzo pasado y en otra causa distinta a la de los ERE -en concreto la de las facturas falsas de la UGT-, cuando el tribunal le arrebató la investigación y se la entregó al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Esa decisión dejó prácticamente vacía de contenido la investigación del fraude las facturas por lo que se refiere a Alaya, aunque finalmente la Fiscalía volvió a llenarla al atribuirle la investigación de las ayudas que por valor de 49,5 millones recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en 2009 y 2010.

El otro revés destacado que ha recibido Alaya por parte de la Audiencia guarda relación con la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta Magdalena Álvarez y la polémica preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros cinco ex consejeros autonómicos.

Inicialmente la Audiencia de Sevilla dio la razón a la instructora cuando, en noviembre pasado, confirmó un auto del 28 de junio de 2013 en el que Alaya imputó a Magdalena Álvarez y a otros 19 altos cargos de la Junta. Tras confirmar esa resolución, el tribunal decidió anular posteriormente la imputación de la ex consejera por falta de motivación de esta resolución, obligando a la magistrada a hacer una "motivación reforzada" de la imputación, concretando los hechos los delitos que se le imputaban: prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo mismo ocurrió poco después con los ex directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, sobre los que la Audiencia anuló su imputación y obligó a la instructora a dictar una nueva resolución más motivada.

En el caso de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia decidieron anular en diciembre de 2013 el auto de Alaya por el que fueron llamados a la causa de los ERE como supuestos preimputados. El tribunal obligó igualmente a la instructora a concretar la "participación" de estos aforados en los hechos y a realizar una "mínima exposición" de los indicios que habían llevado a la magistrada a poner de manifiesto que el sistema mediante el cual se concedían las ayudas fue "ideado ex profeso para delinquir".

En todos estos casos -Magdalena Álvarez, Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, y los ex presidentes Manuel Chaves y Griñán- la instructora reaccionó a los pocos días dictando nuevos autos que salvaban los defectos apreciados por la Audiencia y volvía a tenerlos por imputados o preimputados en el macroproceso de los ERE. Se trató de victorias pírricas para las defensas.

La juez Alaya, como puede ocurrirle a cualquiera, no suele llevar bien que un órgano superior corrija su trabajo, por lo que en ocasiones la magistrada ha puesto de manifiesto que, cuando adoptaba una decisión contraria a su criterio, lo hacía "por imperativo legal", como si todas las resoluciones que dictan los jueces no estuviesen marcadas por ese mandato de respeto a ley.

Alaya ha empleado esta expresión en al menos dos ocasiones, una de ellas cuando la Audiencia de Sevilla le obligó a motivar la preimputación de Chaves y Griñán. La otra vez que dijo actuar por ese mandato legal fue cuando el tribunal le obligó a imponer una fianza civil a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, a la que Alaya no impuso inicialmente ninguna medida cautelar al valorar la colaboración que había prestado con la Justicia para esclarecer el fraude de los ERE.

De aquí al final de la instrucción todavía pueden producirse nuevos reveses a la labor de la instructora, puesto que la Audiencia todavía tiene pendientes de resolver importantes recursos para la marcha de la causa. A finales de este mes, la Audiencia debe resolver sobre el recurso que ha presentado la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez contra la fianza civil de 29,5 millones que le impuso la magistrada, un recurso que cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido a la Audiencia que anule dicha fianza.

Pero los recursos más importantes pendientes de resolver son los que afectan al corazón mismo de la instrucción y en los que la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la juez que divida la causa en piezas separadas -supondría hacer más de 400 piezas, una por cada expediente de ayuda- y remita al Tribunal Supremo la relativa al "procedimiento específico" por el que se concedían las subvenciones, en la que se investiga el papel de los aforados.

La Fiscalía pidió a la juez en abril pasado que divida la causa en tres grandes bloques de piezas separadas para su enjuiciamiento, pero la juez se ha negado con contundencia alegando la indivisibilidad de la misma y que no puede romperse la continencia de la causa, es decir, que no pueden ser enjuiciadas por separado.

La Audiencia debe resolver sobre la petición de Anticorrupción, lo que no está tan claro es que esa respuesta llegue antes de que la instructora pueda decidir de motu proprio sobre la remisión de la causa al Supremo, algo en lo que Alaya lleva ya varias semanas trabajando con insistencia y que podría conocerse a finales de este mes, justo antes de que la magistrada se vaya de vacaciones.

Los varapalos de la Audiencia

27-6-2014 

Entrega de las declaraciones. La Audiencia ordena en dos autos a la juez Mercedes Alaya que requiera a la Guardia Civil la "entrega inmediata" de 13 declaraciones que no habían sido trasladadas a las defensas. El tribunal reprende a la instructora por "justificar y santificar" la entrega de sólo dos declaraciones con el argumento de que su incorporación a la causa no era necesaria hasta que culminara el atestado que la UCO estaba confeccionando "desde el año 2012".

5-3-2014 

Le arrebatan la instrucción del caso UGT-A. Uno de los varapalos más importantes que la Audiencia de Sevilla ha dado a Alaya tiene que ver no con la causa de los ERE sino con la investigación de las facturas falsas de la UGT-A. La Sección Séptima estimó un recurso de la Fiscalía y dictó un auto por el que remitía la mayor parte de la investigación al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Alaya se quedó aparentemente con una causa vacía del principal contenido, si bien la Fiscalía recientemente le ha remitido la investigación de las subvenciones que por valor de 49,5 millones de euros recibió en los años 2009 y 2010 la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

14-01-2014 

Le obligan a imponer fianzas civiles. La Audiencia obliga a la juez a imponer una fianza civil a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, al estimar un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de la instructora de no imponer ninguna medida cautelar a esta imputada dada su colaboración en la investigación de los hechos. El tribunal argumenta que la supuesta colaboración de Rofa podría conducir a una "posible atenuación de la pena, pero no a una negativa a adoptar medidas de aseguramiento de esas eventuales responsabilidades pecuniarias, sin perjuicio de que para modular la cuantía del aseguramiento pueda tener en cuenta el grado de su intervención". La Fiscalía había pedido que se impusiera una fianza de 205 millones, pero Alaya la fija finalmente en dos millones, lo que representa un 1% de las ayudas concedidas durante el tiempo que estuvo en el cargo. Alaya impuso además esa fianza "por imperativo legal" -en alusión a la orden de la Audiencia-, una expresión que ya había utilizado anteriormente cuando se vio obligada a motivar más la preimputación de Chaves y Griñán.

13-12-2013 

Anulan la preimputación de Chaves y Griñán. La Audiencia anula el auto en el que Alaya "preimputó" a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex consejeros autonómicos, y lo deja sin efecto para que la instructora dicte uno nuevo que concrete la "participación" de los aforados y haga una "mínima exposición" de los indicios de que el sistema de las ayudas fue "ideados ex profeso para delinquir". Varios días después, Alaya dictaba esa nueva resolución manteniendo la preimputación de los ex presidentes y de los ex consejeros.

25-10-2013

El primer recurso de Magdalena Álvarez. La Audiencia de Sevilla anula parcialmente el auto del 28 de junio que dictó la juez y en el que imputó a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. El tribunal le ordena que dicte una "nueva resolución" concretando los hechos y los delitos que se le imputan a la ex ministra al entender que el auto de la magistrada no se ajusta a las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva y de defensa. En este auto, la Audiencia ve cerrada la instrucción del caso ERE e insta a la Fiscalía Anticorrupción a acudir directamente al Tribunal Supremo, ante la presencia de personas aforadas en la investigación.

Los apoyos de la Audiencia

21-11-2013

Confirma la imputación de 20 altos cargos. La Audiencia ratifica la imputación de 20 altos cargos de la Junta, entre ellos la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez, al desestimar el recurso que presentó la Administración autonómica. En el auto el tribunal avala la decisión de la magistrada y reprocha a la Junta que actúe en "defensa" de los imputados, dado que los jueces consideran que el recurso de la Junta era "innecesario" e impropio de quien ejerce la acusación particular en el caso de los ERE fraudulentos, por lo que critica a la Administración por hacer "labores propias de una defensa", no de la acusación particular, y arrogarse potestades propias de la Fiscalía al presentarse como "garante del proceso".

9-08-2013

La Audiencia le marca el camino. La Audiencia sale en defensa de Alaya para avalar su instrucción de los ERE y su decisión, en este momento, de no inhibirse aún al Tribunal Supremo pese a la presencia de los aforados. El auto supone un aval rotundo a la actuación hasta ese momento de la juez, a la que el tribunal anima a "apurar y depurar" la instrucción antes de enviarla al Alto Tribunal. La Audiencia precisa que Alaya no está demonizando a sindicatos, empresas o políticos, sino que investiga una trama "con nombres y apellidos".

3-05-2013

Avala las detenciones de la operación Heracles. La Audiencia de Sevilla dictamina que no fueron nulas ni superaron las 72 horas de duración máxima las detenciones practicadas en marzo de 2013 en el marco de la operación Heracles I contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía. Las defensas habían alegado que las detenciones eran nulas porque se superaron las 72 horas de detención máxima desde que fueron arrestados por la Guardia Civil hasta que la juez Alaya decretó el ingreso en prisión de algunos de los detenidos. La Audiencia entiende que la magistrada ordenó las entradas y registros de esa operación pero no coordinó ni ordenó las detención, decisión que quedó al arbitrio de la Guardia Civil, que llevó a cabo la operación.