A partir de ahora bastará con que las ONG que trabajan en la atención e inserción social de inmigrantes acrediten la identidad de una persona extranjera sin permiso de residencia para que ésta sea atendida en cualquiera de los centros de atención sanitaria dependientes del Sistema Andaluz de Salud.

Este paso adelante se ha logrado a partir de la mediación del Defensor del Pueblo andaluz como respuesta a una queja concreta planteada en la institución que dirige Jesús Maeztu. Su oficina recibió una reclamación en la que se informaba de que algunos profesionales médicos del Centro de Salud de San Isidro en Níjar (Almería) se habían negado a atender a dos ciudadanos inmigrantes que estaban en posesión de sus correspondientes tarjetas sanitarias por el mero hecho de no llevar pasaporte.

Después de estudiar las respuestas dadas por los responsables del centro y los casos contabilizados de pacientes que acuden con tarjetas sanitarias de terceros -lo que ha producido en determinados casos la falta de correspondencia con los registros del historial clínico-, el Defensor sugirió a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales un procedimiento uniforme de identificación de estos usuarios bien a través de la comparecencia directa del personal de la ONG que deriva a la persona inmigrante bien mediante la expedición de un documento.

Según publica el Defensor en su página web, "la Consejería acepta nuestra propuesta" sobre la base del convenio suscrito entre este departamento, la Fundación Progreso y Salud y diversas ONG en junio de 2013.

El acuerdo al que alude el Defensor se fijó a partir de que "el Gobierno central dejara sin asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa no regularizada", recuerda el gabinete de la consejera María José Sánchez Rubio.

Lo que ha conseguido ahora el Defensor -y ha aceptado la Junta- es evitar que se pida de forma obligatoria la documentación acreditativa más allá de la tarjeta sanitaria, sólo en el caso en que "criterios de seguridad del paciente así lo requieran para constatar que la persona que porta una tarjeta sanitaria es efectivamente la atendida, de manera que en su historia clínica no consten datos de otra persona", se sustituirá el pasaporte por el documento expedido por las ONG" adscrita al convenio de la Consejería, asociaciones con las que el SAS "tiene un diálogo fluido y permanente", asegura la Junta.

El departamento de Sánchez Rubio defiende que "la Junta reconoce el derecho de la población inmigrante a la atención sanitaria con las mismas prestaciones que el resto de la población andaluza". Esta población, continúa, "dispone de la tarjeta de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de Atención Primaria y tiene la misma validez que la tarjeta sanitaria individual de cualquier otro ciudadano". Una iniciativa política que se toma en Andalucía, aseguran sus promotores, "por razones humanitarias y de salud pública, porque el control sanitario de la población evita problemas posteriores y la proliferación de enfermedades ya radicadas en la comunidad".

No sólo es Andalucía, en este caso, quien muestra una especial sensibilidad al colectivo inmigrante, al menos en materia sanitaria. Desde Estrasburgo, sede del Consejo de Europa, lanzaron una grave reprimenda por dejar fuera de la sanidad pública a los inmigrantes. Así, en enero, el Consejo se mostró contrario a su convención el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario -aprobado por el Gobierno en abril del 2012- por el que se deniega el acceso a asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España mayores de 18 años. Y recordó que los estados firmantes de la carta del Consejo de Europa se han comprometido a garantizar a los extranjeros pertenecientes a países fuera del Consejo de Europa los derechos recogidos en la carta en particular la Convención Europea de Derechos Humanos. "En cualquier caso, y dada la complejidad de las medidas para reorganizar el sistema de salud, la crisis económica no puede servir como pretexto para restringir o denegar la sanidad que afecta de una manera muy sustancial a estos derechos", defendió la institución.

Desde Bruselas se ha incentivado esta atención universal y, entre otras políticas migratorias aprobadas en la última legislatura del Parlamento Europeo se fijó el Fondo de Asilol, Migración e Integración de la UE, dotado con 3.100 millones de euros hasta 2020 de los que España recibirá 257 millones con el compromiso de destinar al menos el 20% de la cantidad que perciba en políticas de integración.

Habrá quien interprete esta política como un nuevo elemento para el colapso del sistema sanitario andaluz. Sin embargo, a la luz de los datos anuales, el uso que hacen los inmigrantes irregulares del sistema sanitario público en la comunidad es prácticamente testimonial. El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido en los últimos años en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la comunidad. Así, en 2013 se expidieron un total de 27.215 tarjetas sanitarias temporales a inmigrantes; en 2012 se emitieron 30.427; mientras que en 2011, se distribuyeron 46.194 y, en 2010, 56.879. Es decir, las tarjetas de reconocimiento de atención sanitaria a este colectivo se han reducido a la mitad (52,16%) en poco más de tres años.

"La frecuentación a los servicios sanitarios es baja. De hecho, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias", insisten desde la Consejería. Fuentes consultadas aseguran, por ejemplo, que la población extranjera europea residente en la comunidad, y especialmente la costa, hace un uso más frecuente e intenso (atención hospitalaria, intervención quirúrgica, etcétera).

Según los datos de asistencia sanitaria de 2013, en Primaria este colectivo supone el 0,18% de las consultas totales al médico de familia -en concreto 74.704 de un total de 41.533.939-. Además, suponen el 0,08% de las consultas de Pediatría -5.648 de un total de 6.856.030-, así como el 0,15% de las consultas totales de Enfermería -39.820 de 27.007.023-. El total de Urgencias atendidas en Primaria en 2013 fueron 6.110.924, de las que 13.687 (el 0,22%) correspondieron a inmigrantes en situación irregular. Porcentajes todos ellos puramente testimoniales y apenas perceptibles en las cuentas anuales del SAS.