La juez Mercedes Alaya suma y la Audiencia Provincial de Sevilla resta. Veinticuatro horas después de que la instructora del caso de los ERE agregara 15 imputados más a la trama, la Audiencia anuló y dejó sin efecto la imputación de dos ex altos cargos de la Junta, los ex directores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano.

¿En qué se basa la Audiencia para dictar un auto en el que echa por tierra las tesis de Alaya? En la falta de concreción que presenta el argumento de la juez. Los casos de Aguilera y Lozano son un calco del de la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez. De hecho, el tribunal enmienda la plana a la juez basándose en los mismos principios -porque "subsiten las mismas razones"- en los que sustentó el revés que dio a la instructora en el caso de la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). "Si para Álvarez entendimos necesaria una mayor precisión por parte de la juez de instrucción, en el caso de estos dos recurrentes [Aguilera y Lozano] es igualmente necesaria por cuanto su imputación parece que se desprendería tan sólo del dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos".

La Audiencia emplaza a Alaya a que dicte una nueva resolución en la que afine y precise mucho más los hechos que atribuye a los dos ex altos cargos de la Junta. Además, "por razones de simple y pura coherencia procesal", el tribunal también tumba el auto en el que la magistrada impuso una fianza de responsabildad civil de 46,6 millones de euros a Lozano, que también ostentó el cargo de viceconsejero de Presidencia. Aguilera y Lozano fueron incluidos por Alaya en un auto, el 28 de junio de 2013, en el que la juez imputó a una veintena de cargos y ex altos cargos de la administración autonómica. La Audiencia recalca "la referencia" a los dos ex directores generales "se contiene en un sólo párrafo, colocado precisamente tras el dedicado a Magdalena Álvarez".

Alaya destacó en su auto de imputación a Aguilera y Lozano como directores generales de Presupuestos durante el período 2002-2014. Ahora, para la Audiencia, no hay una coincidencia total y absoluta con los años en que Álvarez fue titular de Hacienda (1994-2004). Para el tribunal, la inconcreción de la acusación se centra en las llamadas transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas y el verbo "permitir" que la juez atruibuye a Aguilera y Lozano. En este punto, la Audiencia explica que tal verbo tiene "una significación equívoca en su propia acepción gramatical, puesto que lo mismo puede aludir a una acción que a una omisión, de forma que podría interpretarse como alusión a una culpa in vigilando por parte de las personas a las que el auto se refiere".

La defensa de los dos ex altos cargos, que corre a cargo del letrado José María Mohedano, presentó sendos recursos contra los autos de Alaya -el de la imputación de ambos y el de la fianza de responsabilidad civil para Lozano- en julio y en septiembre del año pasado. Para la defensa, el retraso se debe a que la juez "ha tenido embalsamados" estos recursos en el juzgado.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se congratuló , "a título personal", de la anulación de la imputación de Aguilera y Lozano porque son"excelentes servidores públicos y magníficas personas". El PP consideró el auto de la Audiencia algo "lógico dentro de un trámite judicial" en el que se plantean recursos.