En un tiempo en que entre las principales preocupaciones de los españoles se coloca la inmigración irregular, según la última encuesta del CIS, y en una época en que el debate migratorio necesita de mayor análisis sociológico, a la luz de los movimientos xenófobos que se expanden por toda Europa, la Junta de Andalucía ha dejado en suspenso la actividad del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), un instrumento creado en 2007 precisamente para mejorar el conocimiento acerca de los movimientos de extranjeros con destino a Andalucía. Un dato da la medida de la conveniencia de que la Administración autonómica siga de cerca el análisis del hecho migratorio en la comunidad: Andalucía cuenta con una población de unos 725.000 extranjeros (3% del total), una cifra muy superior si se sumara la cifra fluctuante de personas que viven en situación irregular.

Desarrollada por la Dirección General de Políticas Migratorias dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, la actividad del OPAM ha estado centrada en "el estudio del impacto de la inmigración en los ámbitos económico, social y cultural, así como de su evolución y la comparación con otros territorios, tanto del entorno nacional como europeo", según la propia definición recogida en la página web de este organismo, ahora paralizado.

Durante seis años (desde finales de 2007 y hasta finales de 2013), de la gestión técnica del OPAM se responsabilizó un equipo especializado del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) -cinco investigadores más el director- en virtud de dos convenios consecutivos de colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía. "Dicha fórmula de gestión supuso una garantía de calidad respecto de los procedimientos seguidos en el tratamiento, análisis e interpretación de los datos sociales disponibles sobre el hecho migratorio; ello se refleja en la oferta informativa elaborada durante dicho período", como prueban su servicio documental y estadístico que sigue disponible en la página web y que anualmente sacaba a la luz unos 200 productos. Su trabajo estrella era el Informe anual Andalucía e Inmigración, un completísimo estudio que, desde 2008, ha venido a interpretar el impacto de la crisis en la situación laboral de los inmigrantes. La excelencia de sus propuestas colocaba al OPAM muy por encima de otros observatorios autonómicos sobre inmigración o incluso el estatal (Observatorio Permanente de la Inmigración).

Desde el punto de vista académico, los miembros del equipo técnico han participado en "publicaciones en revistas científicas y libros colectivos", además de participar "en congresos y reuniones científicas a nivel regional, nacional e internacional", se lee en la web de la institución que hasta el pasado año dirigía Sebastián Rinken, uno de los mayores especialistas europeos en inmigración -como refleja su prolijo currículum- que ha estudiado con especial énfasis la situación socio-laboral de la población inmigrante y la opinión pública ante la inmigración.

Según la Junta, "la actividad del OPAM se ha suspendido de forma temporal por motivos puramente administrativos" y recuerda que "para la gestión de este observatorio, la Consejería de Justicia e Interior tenía suscrito un convenio de colaboración con el CSIC cuyo periodo de ejecución finalizó el pasado 31 de diciembre".

En respuesta a este medio, la Consejería explica que "habida cuenta de que la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería no dispone de los medios técnicos y humanos adecuados para la realización de las actividades de investigación y análisis propias de este observatorio, se hace necesario realizar un nuevo procedimiento de contratación que permita a la Consejería contar con los recursos necesarios para el desarrollo de las citadas actividades asignadas a este observatorio". Y calcula que podrá "proseguir en breve" con la actividad, aunque no da fecha.

Precisamente, en uno de los últimos informes del observatorio, el dedicado al análisis la opinión pública andaluza ante la inmigración (OPIA) se alertaba del error que supondría "la ausencia de actuaciones y medidas convincentes" en materia de inmigración que, avisaba el estudio, "podría contribuir a una deriva cada vez mayor de la actitud desconfiada hacia la hostilidad"; "esta precaución metodológica ha de extremarse en épocas de crisis económica, laboral y presupuestaria; y ello por motivos no sólo de calidad científica, sino también de responsabilidad política".

El segundo Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, diseñado para el periodo 2006-2009 y que contemplaba la acción de políticas destinadas a favorecer la integración de los extranjeros en la comunidad a través de acciones concretas en distintas consejerías tendrá pronta continuidad. La Junta de Andalucía trabaja con un esquema de trabajo que expiró hace cinco años si bien en los últimos meses ha vuelto a revisar estas políticas. IU, como socio de Gobierno en la Junta, reclamó al PSOE que en este nuevo plan se diera solución al problema de la vivienda entre la población inmigrante, con especial atención a los asentamientos existentes en provincias como Huelva y Almería.

En estos años las competencias en materia de inmigración han pasado de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a la de Empleo. Desde que en 2010, José Antonio Griñán recolocara estas políticas en la Consejería de Justicia e Interior las ONG siempre han reclamado que su competencias estén en Gobernación. El primer plan integral arrancó en 2001.