El presidente y el tesorero de la asociación de ex trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba) han recurrido la fianza de responsabilidad civil de 847.501,35 euros que les impuso la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, al tiempo que han denunciado que alguien falsificó sus firmas en los documentos entregados para ser beneficiarios de las ayudas. Ambos solicitan a la juez la práctica de una pericial caligráfica.

En su recurso, el presidente de la asociación, Manuel Granado, señala que la fianza civil impuesta es "desproporcionada e innecesaria a tenor de su verdadera intervención en las actuaciones que se instruyen", a lo que hay que sumar que "la conducta que se le achaca en todo momento carece de dolo", ya que algunos de los documentos aportados "no estaban firmados por él mismo y en otros se falsificó su firma". El imputado niega "categóricamente" que conociera la inclusión de intrusos y subraya que "se limitó a firmar los documentos que ya venían con el sello plasmado" de la asociación de ex trabajadores, documentos que "ni redactaba ni leía" y que firmaba "de forma cuasi automática y/o mecánica".

El tesorero de la asociación, Domingo Valle, defiende en su recurso que únicamente firmó la póliza principal, por lo que "falsificaron" su firma en la ampliación de dicha póliza, un hecho "tan obvio y fácil de acreditar que basta con comparar a simple vista el tipo de firma y de letra y el tamaño de la misma".

"Llama poderosamente la atención cómo, a pesar de haber citado tan relevante dato, finalmente se haya continuado achacándole su autoría y/o colaboración necesaria en unos delitos que para nada le son imputables", argumenta Valle, quien critica que durante la instrucción del caso "no se ha llevado a cabo diligencia alguna encaminada a acreditar el extremo citado en cuanto a la veracidad de las firmas citadas", lo que "hubiera sido solventado mediante la correspondiente pericial caligráfica". Valle insiste en que "ha sido una víctima del entramado corruptivo que se instruye en las presentes diligencias".

Por otra parte, Alaya ha decretado el embargo de varias viviendas en Jaén y Málaga propiedad de María Nieves Ruiz Pérez y María Josefa Martínez Elvira, ambas intrusas en el expediente de la empresa textil malagueña Hitemasa y esposas de sindicalistas de UGT-A, a fin de cubrir las fianzas de responsabilidad civil que les impuso. A Martínez Elvira embarga un apartamento ubicado en Vélez-Málaga para cubrir la fianza civil de 30.000 euros, mientras que a Ruiz Pérez, para cubrir una fianza civil en su caso de 151.192,99 euros, la mitad indivisa de una casa ubicada en Jaén y una 1/23 parte de una finca localizada también en esa provincia.

No obstante, al no estimarse "en principio suficientes" para cubrir la fianza civil impuesta, se decreta también el embargo telemático de todos sus saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria. Alaya imputó delitos de malversación y tráfico de influencias a estas dos intrusas, quienes en su comparecencia aseguraron que pensaban que estaban cobrando las indemnizaciones por los despidos de sus maridos.

Mientras, el abogado del ex director general de IDEA Jacinto Cañete ha solicitado a la juez que solicite más documentación al Parlamento y a la Junta, pues ello ayudará a "facilitar a todos una visión global del objeto del proceso y coadyuvará a arrojar luz sobre las conductas imputadas a nuestros clientes". Para el letrado, la petición "se formula desde las defensa, tiene sentido y corte exclusivamente defensivo y en modo alguno pretende criminalizar la actividad parlamentaria ni directa ni indirectamente, tal y como erróneamente hemos podido constatar que parece haberse interpretado de nuestro escrito en diferentes foros paraprocesales".