Un atestado de la Guardia Civil remitido a la juez que investiga los ERE fraudulentos afirma que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero incluyó como "intrusos" a cinco personas de su entorno y consiguió para su suegra varias ayudas y un "trato preferente".

Un atestado de la Guardia Civil recoge que la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, fue adjudicataria de una ayuda mensual fija de 1.300 euros hasta cumplir los 65 años en el expediente de la empresa SOS Cuétara, pese a que nunca había trabajado en ella. La Guardia Civil afirma que, en el registro de las oficinas de Vitalia, se encontró un sobre con el nombre de esta beneficiaria y en su interior un documento de 6 de julio de 2004 enviado desde un fax que corresponde a la dirección general de Trabajo cuando Guerrero era su titular.

Según un auto del propio juzgado que investiga los ERE irregulares, Victorina Madrid ha cobrado en total 119.699 euros por una póliza de Vitalicio.

Por otra parte, datos del Consorcio de Compensación de Seguros indican que esta mujer "es tomadora y beneficiaria de otra póliza de Personal Life" por la que percibió, entre diciembre de 2004 y septiembre de 2009, un total de 46.283 euros, añade el informe. Tras su imputación en abril de 2011, Victorina Madrid "decidió, en connivencia con su esposo, desprenderse de todo su patrimonio, para lo cual disolvió la sociedad de gananciales y enajenó una propiedad", según la Guardia Civil.

En otra parte de su atestado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enumera los casos de cinco personas que obtuvieron ayudas "a las que no tenían derecho, prevaliéndose de su relación de amistad con el director general de Trabajo".

Se trata de dos vecinos de Guerrero en El Pedroso (Sevilla): Antonio Arquero, a quien le prometió "solucionar su problema hasta la jubilación", y Alejandro Millán Torres, a quien le dijo que le llevase toda su documentación laboral y médica a su despacho de la Junta para arreglarle una ayuda. Además, Rafael Ruiz García, amigo personal de Guerrero que firmó los papeles de su ayuda en las oficinas de la Consejería de Empleo; Rafael Rosendo Villavieja, ex alcalde de El Pedroso y amigo personal de Guerrero; y Cristóbal Martínez Victoria, que era un "compromiso" del ex director general.

En estas irregularidades, la Guardia Civil incluye la inclusión en una póliza del ex futbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como Pizo Gómez, que trabajaba para la empresa Cenforpre. Explica el atestado que entre los años 2004 y 2006 esta empresa desarrolló para la Junta un proyecto de divulgación de la Ley de Riesgos Laborales y "ante la falta de presupuesto para pagarle, el propio Guerrero le propuso afrontar el pago de sus servicios mediante la suscripción de una póliza" cuyo titular debía ser una persona física.

La utilización de este método "era conocido por el consejero y viceconsejero, los cuales no se opusieron a su utilización", dice la Guardia Civil en relación a quienes entonces ocupaban esos altos cargos, Antonio Fernández y Agustín Barberá, ambos imputados en una causa que ya acumula 116 acusados.