Andalucía

La doble vara de medir la ley de patrimonio

  • La norma exige cuatro días al mes de visitas gratuitas a monumentos BIC, sean propiedad de la Iglesia, la Administración o un particular. La Junta pone el foco en los edificios religiosos rehabilitados con dinero público.

"La ley no se negocia y establece que, cuando se trate de edificios BIC (Bien de Interés Cultural), se permitirán las visitas públicas y gratuitas al menos cuatro días al mes, en días y horas señalados, una información que debe ser pública y accesible". En la entrevista que Luciano Alonso concedió el pasado domingo a los diarios de Grupo Joly, el titular de la consejería de Cultura anunció "sanciones a la Iglesia" para aquellos templos que no acataran el artículo 14, apartado 3, de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Recordó la inversión de 38 millones de euros, entre 2007 y 2011, en catedrales, iglesias, conventos y ermitas que salpican la geografía de la comunidad autónoma -como queda reflejado en la tabla que acompaña esta información- y que ha ayudado, cuando no salvado, uno de los patrimonios más admirados de toda Andalucía.

Nada dijo Alonso en esa ocasión sobre la exigencia en el cumplimiento de la norma en aquellos monumentos BIC en manos de particulares y administraciones, cuya información de acceso, con frecuencia, no cumple los mínimos, como han denunciado distintas asociaciones en defensa del Patrimonio, entre ellas Adepa, que preside el historiador Joaquín Egea. Hablar de sanciones a la Iglesia responde, en palabras de Antonio Garrido, portavoz de Cultura del PP en el Parlamento, "a una necesidad de captar titulares", pues "si debe sancionar que lo haga, pero en todos los casos. La ley obliga a todo el Patrimonio: el eclesiástico, el civil, el que depende de particulares pero son Bienes de Interés Cultural y cuentan con intervención la Junta...", enumera. "Lo noticioso sería que no se cumpliera la ley", razona.

El foco se dirige ahora al patrimonio eclesiástico y la inversión de la Junta realizada en estos edificios es la lanza que blande el consejero como eje de una polémica que nació en Úbeda. Las denuncias particulares sobre el cobro de entrada para visitar la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares -abierta al público tras una rehabilitación que duró 28 años y necesitó de algo más de seis millones de euros de fondos públicos andaluces- han extendido la duda sobre el resto de templos de la comunidad.

El debate es "estéril", en palabras de Antonio Fajardo, delegado episcopal de Arte Sacro y Patrimonio de la Diócesis de Guadix. A partir de las reuniones con Alonso las distintas diócesis publicaron en sus web los horarios de apertura, pero, con todo, el presbítero afirma que "en la mayoría de los monumentos BIC de titularidad eclesiástica no se cobra nada y siempre han estado abiertos, no ahora, sino siempre, sean BIC o no".

En este sentido, una de las peticiones de la Junta a los prelados del Sur es que los bienes no declarados BIC con valores patrimoniales y que hayan sido restaurados con dinero público tengan el mismo tipo de acceso gratuito que la ley establece para los BIC.

Fajardo, párroco de San Miguel de Guadix, insiste: "Si una iglesia está abierta porque hay misa, no sólo lo está la media hora de la liturgia, sino al menos la hora de antes y la hora de después. Todo el mundo sale y entra libre y gratuitamente", y, recuerda, "aunque a veces para concertar una visita fuera de ese horario se da el teléfono de la parroquia porque hay muchos lugares donde no hay medios para que una persona esté allí todo el día. Lo que debe primar es el sentido común y la buena voluntad, no el enfrentamiento".

Una de las fórmulas para ayudar a los templos -principalmente aquellos diseminados en el interior de las provincias- a paliar la escasez de medios de vigilancia y guía sería promover una red de "voluntarios, jubilados o estudiantes que faciliten la visita y den información", apunta Joaquín Egea, básicamente el sistema que ha venido funcionando desde siempre, pero sin una estructura regida.

Porque "este agrio debate con una virulencia inusitada" no responde, según Fajardo, a la realidad. "¿Es ahora cuando la gente no puede visitar los monumentos de la Iglesia? En una reunión en Sevilla con el consejero le pregunté cuántas quejas de ciudadanos de Andalucía o de fuera había recibido. Me temo que por un caso concreto, se está creando una polémica falsa", argumenta Fajardo en relación al caso de Santa María de los Alcázares de Úbeda.

Al igual que en esta iglesia de Jaén, donde el pase a la visita turística cuesta cuatro euros (a repartir entre la parroquia y la empresa que da el servicio de guía), en Andalucía se cobra entrada en unos 40 monumentos religiosos, caso de la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla o la de Málaga. "Los lugares donde se cobra son mínimos, son los más señeros porque por la cantidad de visitas que reciben generan puestos de trabajo: vigilancia, guía, taquilleros, limpieza y ese dinero sirve para el mantenimiento de los templos con menos recursos en aquellos lugares en los que no hay ingresos por turismo. De todas formas, hay un gran porcentaje de visitas gratuitas establecidas -que son más que las que exige la ley- caso de residentes, escolares, jubilados... y eso, en esta polémica, no se está contemplando. Si el consejero argumenta que la Iglesia está siendo cicatera en sus visistas gratuitas a sus templos más señeros, ¿y la Alhambra?, ¿cuántas visitas de acceso libre y gratuito tiene?".

Acaso este debate se promueve por "un tufo anticlerical que no pega en estos tiempos", en palabras de Joaquín Egea. "Es del todo ridículo señalar sólo los edificios de la Iglesia porque la regulación debe aplicarse en todos los que dicte la ley según su catalogación y la inversión pública recibida para su conservación", indica. Hoy por hoy, señala, "es muy difícil, cuando no imposible", acceder a inmuebles civiles como el Palacio de Miguel de Mañara en Sevilla, joya del Renacimiento sevillano y hoy sede de la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones Museísticas, en cuya fachada, como muestra la imagen de la derecha tomada esta misma semana, no hay un tablón con los horarios. Otros casos similares en Guadix, por ejemplo, son el Palacio de Peñaflor cedido a dependencias municipales o la propia Alcazaba, un monumento nacional cerrado y en ruinas.

Sólo hay que pasear por capitales y municipios de toda Andalucía para comprobar cómo algunos de los inmuebles más bellos de la arquitectura civil catalogados en el Registro de Bienes de Interés Cultural usados hoy como sedes públicas, oficinas, hoteles, restaurantes y casas particulares son auténticos desconocidos y carecen por completo de un plan de visita pública y desarrollo turístico.

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