El ex director de Trabajo ha reconocido en la noche del miércoles  a la juez Mercedes Alaya que en junio pasado, antes de abandonar la dirección general, se habían detectado otros 200 expedientes de ayudas sociolaborales con irregularidades pero que, a fecha de hoy, no han sido trasladados al juzgado. Estos nuevos casos de intrusos o de personas que estaban trabajando -a los que la Administración ha suspendido el pago de las ayudas- fueron detectados durante el proceso de revisión de otros 300 expedientes y, según Rivera, no fueron enviados a la juez porque la Junta había entendido que "no había ningún ilícito penal".

Alaya le ha reprochado que es precisamente ella, como juez, la que debe determinar si existe un ilícito penal, a lo que Rivera contestó de forma irónica diciendo que él es ahora un "ser y un delincuente". El ex alto cargo también ha reconocido que en la revisión de las ayudas concedidas al supuesto conseguidor de los ERE Juan Lanzas y a su mujer han comprobado que en las alegaciones que han presentado estas personas hay "declaraciones de las que se deducen conductas delictivas".
Por último, Rivera ha reconocido que en los primeros documentos enviados al juzgado se quitaron los post it y notas manuscritas, y no se han entregado a pesar de la juez le ha recordado que pidió su entrega con posterioridad. Alaya ha comentado que una vez examinado los expedientes parece que habían sido "lanzados al aire" y posteriormente se habían compuesto, expresión que el ex alto cargo ha dicho que comparte con su señoría.

La magistrada ha suspendido poco antes de la diez de esta noche la declaración de Daniel Rivera, que continuará este jueves cuando el ex director de Trabajo responda a las últimas veinte preguntas que aún quiere plantearle la instructora y, a continuación, tendrá que responder a las preguntas de la Fiscalía y de las otras acusaciones y defensas si accede a someterse a estos interrogatorios.

Rivera a la juez Alaya: "Yo puedo tener responsabilidad política pero no penal"

Daniel Alberto Rivera negó previamente este miércoles en un tenso interrogatorio ante la juez Mercedes Alaya que tuviera conocimiento de la ilegalidad del procedimiento por el que se concedían las ayudas públicas. "Yo puedo tener responsabilidad política pero no penal", ha afirmado en su declaración Daniel Alberto Rivera. El ex alto cargo, que es licenciado en Derecho, comenzó su comparecencia ante la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla manteniendo una discusión con la propia magistrada, a la que ha anunciado que iba a recurrir su decisión de no admitir la recusación que le ha planteado y al solicitar que ese anuncio de recurso quedase reflejado en el acta de la sesión.

A lo largo de su comparecencia, Daniel Alberto Rivera ha defendido que cuando llegó a la dirección de Trabajo, en abril de 2010, el entonces consejero, Manuel Recio, le dio la directriz de que no se otorgaran más ayudas salvo las que ordenara el viceconsejero (Justo Mañas) porque hubiese que resolver algún conflicto laboral, pero ha reconocido que al mes aproximado de estar en el cargo tomó conciencia de que se habían concedido ayudas sin contar con un convenio por importe de unos 70 millones de euros. Rivera ha dicho a la juez que, a pesar de esa irregularidad, las pólizas se tenían que seguir pagando porque de las mismas dependía el cobro de las ayudas a unos 6.000 prejubilados.

El ex alto cargo ha dicho que no fue hasta el otoño de ese mismo año 2010 cuando tuvo conocimiento de que no se seguía el procedimiento administrativo idóneo y aunque reconoce que leyó el informe jurídico de un bufete que advertía de que las ayudas no contaban con fiscalización previa y con un control posterior de las mismas, dice que ningún organismo de la Consejería o de la Junta le avisó de esa posible ilegalidad.


Daniel Rivera ha dicho que frente a ese informe jurídico hay al menos siete organismos que no le advirtieron de la inidoneidad del procedimiento y ha citado expresamente a la secretaría general técnica, el servicio de Legislación, la Intervención delegada, la Intervención General de la Junta, la asesoría jurídica de la propia Consejería y el gabinete jurídico de la Junta. Incluso ha dicho que hay responsables de la agencia IDEA, que actuaba como pagadora de las ayudas, que le podían haber realizado alguna advertencia en el mismo sentido pero que no le hicieron.

Cuando la juez le preguntó sobre quienes eran esas personas que podrían haberle advertido, el ex alto cargo se ha negado a poner de manifiesto los nombres de esas personas, por lo que la juez Alaya lo ha hecho constar en el acta de la declaración.Rivera ha insistido en que no es hasta noviembre de 2010, cuando se destapó el escándalo con la aparición de los primeros intrusos en el ERE de Mercasevilla, cuando se dio cuenta de que existía un problema, si bien siempre entendió que la naturaleza de esa incidencia no era de índole penal. De la misma forma, Rivera señaló que el informe jurídico no se pronunciaba en esos términos y ha llegado a decir que ese documento no es más que una "opinión jurídica".

Según algunos abogados presentes en la declaración, la tensión en torno al interrogatorio ha ido subiendo por momentos, hasta el punto de que la magistrada le ha advertido al imputado que es ella "quien dirige el interrogatorio" y que podía acogerse a su derecho constitucional a no declarar si no quería responder a las más de 90 preguntas que tiene previsto plantearle. Daniel Rivera le ha espetado a la juez: "usted es la dueña de sus preguntas y yo soy el dueño de mis respuestas. Usted no permite que conteste lo que a mi derecho convenga".

Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado al ex director general hasta cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos, en relación con las ayudas públicas que concedió durante su mandato.