El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tiene decidido comparecer ante la comisión parlamentaria de investigación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos. Es una opción que los socialistas y él mismo llevan madurando desde el jueves, ante el deseo de sus socios de IU. Y es que desde la federación de izquierdas entienden que su presencia otorgaría credibilidad a la comisión, aunque ninguno de sus dirigentes la ha demandado públicamente. Sí se han referido, en general, a miembros del "actual Gobierno y del anterior", pero nunca al propio presidente, que ha dado este paso para no abrir una brecha con sus socios, no transmitir la imagen de que se ve obligado a ello y porque cree que debe defender que el sistema que la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) idearon en 2001 para pagar las pensiones a los prejubilados de empresas en crisis no fue concebido para delinquir ni es ilegal.

Ésta es la tesis que viene sosteniendo la juez instructora Mercedes Alaya y que respalda el PP, como el jueves dejó claro en el Parlamento el diputado Rafael Carmona. El PP ha solicitado esta comisión en numerosas ocasiones, y su creación fue una de las condiciones del pacto entre IU y el PSOE. Ayer, en una entrevista en Televisión Española, Griñán aseguró: "Me gustaría ir". Sólo queda, por tanto, que el grupo parlamentario socialista formule la petición, algo que, probablemente, se adoptará de modo formal el próximo lunes cuando se constituya la comisión. El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, repitió ayer que no ve "motivos" para la comparecencia, pero aseguró que tendrá en cuenta la opinión de Griñán. Ya la sabe. 

La petición de los socialistas evitaría que IU tuviera que votar con el PP y contra del PSOE para solicitar esta comparecencia, o que los socios de gobierno recularan ante una opinión que ha sido expresada por varios de sus consejeros, aunque no en público. El vicepresidente Diego Valderas ya le hizo esta reflexión a la consejera de Presidencia, Susana Díaz, el jueves pasado, pero ya el miércoles tanto en el PSOE como en el Gobierno se lo estaban pensando. "Hay que ir a la ofensiva", le recomendó un dirigente de IU a los socialistas.

Griñán era diputado nacional en 2001 cuando la Consejería de Empleo y el IFA firmaron este acuerdo, pero en 2004 fue nombrado consejero de Economía y Hacienda por el entonces presidente Manuel Chaves. El interventor general de la Junta, dependiente de Hacienda, realizó varios informes en los que se mostraba en desacuerdo con el método de concesión de estas ayudas a los prejubilados. Estos informes, sin embargo, no apreciaron que había intrusos -es decir, trabajadores que cobraban una renta hasta jubilarse sin haber pasado por la empresa afectada por el ERE- o ayudas de dudosa legalidad a empresas, como las que se concentran en la Sierra Norte de Sevilla. Intervención no elevó un informe de actuación, la señal roja que debería haber sido atendida por el Consejo de Gobierno.

El PP entiende que Griñán debe comparecer porque tenía que conocer dichos reparos y porque permitió un sistema que consideran ilegal. El caso es que quien era su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, hoy consejera de Hacienda, declaró que los citados textos no se los dio a su anterior jefe porque no eran informes de actuación, aunque el interventor se los entregaba a ella, mediante un ordenanza, y con una copia para Griñán. Eso fue lo que declaró el interventor ante la Guardia Civil a las órdenes de Alaya, aunque también indicó que nunca se reunió con el entonces consejero.

La decisión de Griñán de ir a la comisión abre la puerta a que también vaya Manuel Chaves, anterior presidente, que ya dijo esta semana en Sevilla que no tendría inconveniente en ir, pero también a otros consejeros, caso de Carmen Martínez Aguayo o del ex consejero de Trabajo José Antonio Viera, a quien la Guardia Civil relaciona con las ayudas a la Sierra Norte. Los socialistas también van a pedir la intervención del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, porque era el delegado del Gobierno en Andalucía cuando se aprobaron los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, cuando el Ministerio de Industria aceptó rebajas en la edad legal de jubilación para acogerse a las ayudas. Zoido se reunió en varias ocasiones con los mineros. Anteriores responsables de la Consejería de Empleo defendieron estos pagos , a pesar de que la ley, en principio, amparaba sólo a los mineros y no a otro personal de la empresa.

La comisión de investigación se constituirá el lunes, y los representantes de PSOE, PP e IU tendrán un voto proporcional a su peso en la Cámara. De este modo, ninguno de los partidos contará con mayoría absoluta.

El PP mantiene que PSOE e IU harán "un paripé" cuando se redacten las conclusiones, que es realmente lo importante de una comisión que no busca responsabilidades penales, sino aclaratorias y políticas. Dos de los principales conocedores del sistema están en prisión: el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que fue el encargado de los trámites de estos ERE durante el mandato de tres consejeros (2001-2009), y Antonio Fernández, ex titular de la misma Consejería. La comisión deberá solicitar el permiso a la juez Alaya para que comparezcan, aunque la Audiencia de Sevilla resolverá pronto sobre la petición de libertad de Fernández, encarcelado por Alaya sin opción de fianza.