La Cámara de Cuentas de Andalucía ha afirmado que no se realiza "seguimiento y control" del cumplimiento de los compromisos contraídos por los beneficiarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para políticas de empleo.

Según el informe sobre las transferencias de capital en el presupuesto de la Junta, realizado tras seleccionar 52 documentos de pagos de entre los años 2007 y 2009 por un importe de 29 millones de euros que representan a 40 perceptores, la falta de control y seguimiento se extiende a los fondos destinados a la estabilidad laboral y fomento de la contratación indefinida. "No consta en los expedientes evidencia documental del seguimiento de la evolución que haya experimentado la situación del personal respecto de la fecha desde que fue concedida la subvención", según ha afirmado la Cámara en un comunicado. Eso provoca "el desconocimiento respecto a la consecución del fin u objeto pretendido con la subvención y, en su caso, si procede requerir su reintegro", subraya en el capítulo de "incidencias" la Cámara.

También se reprocha que se imputaran gastos al capítulo Transferencias de Capital de la Junta "cuya naturaleza no contribuyen directa ni indirectamente al establecimiento de la estructura básica o creación de activos fijos, ni a la formación bruta de capital fijo del ente beneficiario y tampoco del ente concedente". Esos gastos debieron figurar como gastos de funcionamiento u operaciones corrientes, indica la Cámara antes de precisar que, "por consiguiente, aun cuando su registro y clasificación en los beneficiarios es adecuada y correcta, no sucede lo mismo en los entes concedentes".

Además, la Cámara indica que mediante subvenciones de capital destinadas a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), el SAE financia gastos del personal que cada año desempeñan actividades de determinados programas presupuestarios del propio organismo autónomo y a los que se le renueva anualmente los contratos con carácter laboral.

Entre las "incidencias", la Cámara indica que las consejerías de Obras Públicas y Transporte y la de Innovación, Ciencia y Empresa, así como el SAE, "a través de resoluciones de exoneración insuficientemente motivadas y soportadas, autorizaron el pago de subvenciones a terceros "sin que hubieran justificado los importes recibidos con anterioridad. "En casos puntuales, se pone de manifiesto una menor rigurosidad para iniciar los expedientes de reintegro, cuando el tercero o beneficiario de los fondos no ha justificado los libramientos en el plazo establecido", señala la Cámara.