El jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella, Jorge González, ratificó ayer ante el tribunal del caso malaya que se enviaban a la Alcaldía propuestas para precintar obras supuestamente ilegales y se devolvían sin firmar. Por ello, se tuvo que recurrir al envío de esas propuestas por el registro general de entrada o incluso a través de notificadores. También apuntó que era la Policía Local la que tenía que ejecutar los precintos.

González, cuya declaración en un procedimiento por una licencia presuntamente irregular dio lugar al comienzo de la investigación del caso Malaya, volvió a comparecer en el juicio y volvió a aludir a la posición del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, en cuanto a los precintos y a que él "no recibía instrucciones de Alcaldía ni en ésta ni en ninguna otra materia" y tenía conocimiento de los asuntos "accidentalmente".

El testigo aseguró que la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, "me decía que tenía noticias de que se habían roto los precintos y yo le decía que tenía que firmar los decretos que estaban puestos desde hacía meses y que no se firmaban", requerimiento que, según señaló, no atendía. Por esto, relató González, se recurrió a remitir esas propuestas por registro, una práctica "absolutamente inusual". Lo hacía así para que quedase constancia documental de que ciertos pronunciamientos judiciales llegaban a su servicio.