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Petición de cárcel por entorpecer el trabajo del Defensor
Petición de cárcel por entorpecer el trabajo del Defensor
La Fiscalía solicita la pena por primera vez ante la actitud del ya ex alcalde de Almuñécar
Efe / Granada | Actualizado 13.05.2012 - 05:04
La Fiscalía de Granada ha solicitado nueve meses de cárcel y dos años de suspensión de empleo o cargo público para Juan Carlos Benavides por falta de colaboración "sistemática y persistente" respecto al Defensor del Pueblo Andaluz cuando era alcalde de la localidad granadina de Almuñécar.
Un proceso judicial de este tipo contra un ex regidor no se había producido hasta ahora en los 27 años de historia del Defensor del Pueblo Andaluz, según informaron fuentes de esta institución, y únicamente tiene un precedente nacional con un ex alcalde de la localidad guipuzcoana de Pasajes con el Defensor del Pueblo Vasco.
La Fiscalía, que ha interesado la apertura de juicio contra Benavides, considera al ex alcalde y actual concejal de Convergencia Andaluza en Almuñécar autor de un delito contra las instituciones del Estado. Así consta en el escrito de acusación, que explica que el acusado, en su calidad de alcalde de Almuñécar, desarrolló una actitud caracterizada por la "falta de colaboración sistemática y persistente" respecto al Defensor. Esa actuación propició una "situación de imposibilidad material" para esta institución en el desempeño de sus funciones de supervisión y control de la Administración pública. La falta de colaboración se refiere a seis expedientes de queja de naturaleza urbanística en las que se efectuaron peticiones de informe. Concurría como elemento común a todas ellas una comunicación escrita a la Alcaldía en el que se recordaba el deber legal de los poderes públicos de auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor en sus investigaciones e inspecciones. Se advertía además que la falta de colaboración podría ser considerada por el Defensor del Pueblo como "hostil y entorpecedora" de sus funciones. El Defensor remitió un burofax al acusado el 11 de mayo de 2009 recordándole que tenía que colaborar. Un més después, el Defensor emitió una resolución definiendo como "entorpecedora" la actitud de la Alcaldía y ordenó su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, dando además traslado de los hechos a la Fiscalía.
Un proceso judicial de este tipo contra un ex regidor no se había producido hasta ahora en los 27 años de historia del Defensor del Pueblo Andaluz, según informaron fuentes de esta institución, y únicamente tiene un precedente nacional con un ex alcalde de la localidad guipuzcoana de Pasajes con el Defensor del Pueblo Vasco.
La Fiscalía, que ha interesado la apertura de juicio contra Benavides, considera al ex alcalde y actual concejal de Convergencia Andaluza en Almuñécar autor de un delito contra las instituciones del Estado. Así consta en el escrito de acusación, que explica que el acusado, en su calidad de alcalde de Almuñécar, desarrolló una actitud caracterizada por la "falta de colaboración sistemática y persistente" respecto al Defensor. Esa actuación propició una "situación de imposibilidad material" para esta institución en el desempeño de sus funciones de supervisión y control de la Administración pública. La falta de colaboración se refiere a seis expedientes de queja de naturaleza urbanística en las que se efectuaron peticiones de informe. Concurría como elemento común a todas ellas una comunicación escrita a la Alcaldía en el que se recordaba el deber legal de los poderes públicos de auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor en sus investigaciones e inspecciones. Se advertía además que la falta de colaboración podría ser considerada por el Defensor del Pueblo como "hostil y entorpecedora" de sus funciones. El Defensor remitió un burofax al acusado el 11 de mayo de 2009 recordándole que tenía que colaborar. Un més después, el Defensor emitió una resolución definiendo como "entorpecedora" la actitud de la Alcaldía y ordenó su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, dando además traslado de los hechos a la Fiscalía.
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