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De la solidaridad a la seguridad en 25 años
De la solidaridad a la seguridad en 25 años
A. F. / SEVILLA | Actualizado 13.05.2012 - 05:04
El 1 de noviembre de 1988, en la playa de Los Lances de Tarifa, arriba la primera patera de la que se tienen noticias en Andalucía. Aquí se abre una página negra en la historia de la inmigración.
En 1996, el Gobierno andaluz que preside Manuel Chaves asume el fenómeno migratorio en la dirección general de Acción e Inserción Social. El objetivo pasa por facilitarles el acceso a los recursos sociales. El inmigrante es un colectivo vulnerable que necesita políticas de integración y promoción, como drogodependientes, mayores, menores o discapacitados, otros colectivos de actuación de este departamento.
En 2000, la política migratoria de la Junta viaja hasta Gobernación. Se les denomina "inmigrantes económicos", ya que proceden de países pobres para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Algunos colectivos como Andalucía Acoge celebran que éste es su lugar, donde la inmigración se pone como epicentro de otras políticas transversales y se coordinan los recursos disponibles.
La Junta hace bandera de sus medidas de integración. Son los años del Gobierno central de José María Aznar y la polémica reforma de la Ley de Extranjería.
El entonces consejero de Gobernación, Alfonso Perales, nada entre dos aguas: integración por una parte y control de los flujos migratorios por otro, los "dos pilares de cualquier política de inmigración". Perales deja su legado: el primer sistema de vigilancia (SIVE) en la costa sur de la provincia de Cádiz y la aprobación ese mismo 2002 del I Plan Integral de Inmigración, con un presupuesto de 15.000 millones de pesetas.
En 2004 accede al cargo Evangelina Naranjo, que actualizaría el plan y lo dotaría de 1.400 millones de euros con vigencia hasta 2009.
Pese a que se conoció un borrador, no se aprobó un tercer plan desde que Griñán situó estas políticas en Empleo en 2009. La Junta ostenta, como Cataluña, las competencias para dar los permisos iniciales de residencia, pero nunca ha ejecutado la competencia.
Madrid tampoco es un reflejo. El Gobierno del PP ha rebajado las políticas migratorias de una Secretaría de Estado a una secretaría general.
En 1996, el Gobierno andaluz que preside Manuel Chaves asume el fenómeno migratorio en la dirección general de Acción e Inserción Social. El objetivo pasa por facilitarles el acceso a los recursos sociales. El inmigrante es un colectivo vulnerable que necesita políticas de integración y promoción, como drogodependientes, mayores, menores o discapacitados, otros colectivos de actuación de este departamento.
En 2000, la política migratoria de la Junta viaja hasta Gobernación. Se les denomina "inmigrantes económicos", ya que proceden de países pobres para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Algunos colectivos como Andalucía Acoge celebran que éste es su lugar, donde la inmigración se pone como epicentro de otras políticas transversales y se coordinan los recursos disponibles.
La Junta hace bandera de sus medidas de integración. Son los años del Gobierno central de José María Aznar y la polémica reforma de la Ley de Extranjería.
El entonces consejero de Gobernación, Alfonso Perales, nada entre dos aguas: integración por una parte y control de los flujos migratorios por otro, los "dos pilares de cualquier política de inmigración". Perales deja su legado: el primer sistema de vigilancia (SIVE) en la costa sur de la provincia de Cádiz y la aprobación ese mismo 2002 del I Plan Integral de Inmigración, con un presupuesto de 15.000 millones de pesetas.
En 2004 accede al cargo Evangelina Naranjo, que actualizaría el plan y lo dotaría de 1.400 millones de euros con vigencia hasta 2009.
Pese a que se conoció un borrador, no se aprobó un tercer plan desde que Griñán situó estas políticas en Empleo en 2009. La Junta ostenta, como Cataluña, las competencias para dar los permisos iniciales de residencia, pero nunca ha ejecutado la competencia.
Madrid tampoco es un reflejo. El Gobierno del PP ha rebajado las políticas migratorias de una Secretaría de Estado a una secretaría general.
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